Las fiscalías de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú han firmado este miércoles acuerdos de trabajo con la agencia europea de coordinación judicial Eurojust, en busca de una “cooperación estratégica más eficaz” contra actividades delictivas transatlánticas, como el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de capitales y ciberdelincuencia.
Los fiscales generales de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú asistieron al acto de firmas en La Haya, elevando a seis el número de países latinoamericanos con un acuerdo de trabajo firmado con Eurojust.
Panamá lo firmó en enero de 2024, como parte de la estrategia de la Unión Europea (UE) para hacer frente a la delincuencia organizada a través de la cooperación más allá de sus fronteras, con el fin de desarticular redes delictivas y rutas de transporte mundiales.
Los acuerdos de trabajo “reforzarán la cooperación” y permitirán a los países firmantes “incrementar el uso de las herramientas de coordinación judicial” que ofrece esta agencia, pero no suponen la asignación de un oficial de enlace de esos países a la sede de Eurojust en La Haya.
“Partiendo de nuestros valores compartidos y de nuestros intereses estratégicos comunes, podemos dotar a las autoridades judiciales de los instrumentos necesarios para salvaguardar los derechos de nuestros ciudadanos, permitiendo al mismo tiempo una cooperación eficaz “sobre el terreno”, señaló el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
El 68 % de las redes delictivas más peligrosas operan a escala mundial, y el 36 % de ellas se dedican al tráfico de drogas, según un informe de la agencia de cooperación policial Europol.
Los acuerdos firmados hoy buscarán, a través de la cooperación, el “desmantelamiento de las rutas de transporte que mueven grandes cantidades de drogas y que ingresan en la UE a través de los puertos”, señaló Eurojust. En 2023, las autoridades europeas incautaron drogas por valor de 25.600 millones de euros, más del doble que en 2022.
El presidente de Eurojust, Ladislav Hamran, subrayó que el tráfico de drogas es “la actividad delictiva más lucrativa en la UE, ya que genera un mercado ilícito con unos ingresos anuales de al menos 31.000 millones de euros”, e instó a buscar una respuesta “eficaz y colaborativa” para mitigar y detener “el enorme daño” a las sociedades e individuos en la UE y América Latina.
“Es esencial que los fiscales de Europa y América Latina se unan y diseñen estrategias para una cooperación más estrecha que nos permita no sólo desarticular las redes criminales, sino también exigirles responsabilidades ante los tribunales”, agregó Hamran.
Durante el acto de firmas, Juan Carlos Villena Campana, fiscal de Perú, señaló que estos acuerdos permitirán “estrechar vínculos” con la UE y “lograr investigaciones más eficaces y eficientes contra la criminalidad organizada transnacional”, en busca de una “mayor seguridad pública y paz social” y de “generar más inversiones extranjeras y alcanzar mejor crecimiento económico en un clima de estabilidad y confianza” en Perú.
Por su parte, Ángel Valencia Vásquez, de Chile, recordó que la “naturaleza transnacional” del crimen organizado “hace imposible combatirlos de manera efectiva sin aunar fuerzas con otros países” y Eurojust permitirá “mejorar el intercambio de información y la coordinación de investigaciones” contra esas redes criminales.
“Necesitamos que los fiscales ecuatorianos y los de los países miembros de la UE trabajen en conjunto. Eurojust nos facilita la coordinación de acciones en el desarrollo de investigaciones orientadas a enfrentar a las estructuras criminales que han permeado las fronteras del país”, advirtió la fiscal de Ecuador, Diana Salazar Méndez.
Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de Costa Rica, recordó que su país tiene “una lucha frontal contra el crimen organizado que trasciende fronteras” y aseguró que esta alianza facilitará el “contacto con fiscales y cuerpos policiales”, lo que ayudará en la “tramitación de los casos” y en obtener “capacitaciones muy valiosas” para permanecer actualizado.
“Este importante acuerdo nos garantiza una comunicación más estrecha y efectiva, al acelerar la ejecución de solicitudes de cooperación jurídica entre ambas partes, así como una coordinación en la investigación de los delitos transnacionales, potenciando la ejecución de operaciones, la aprehensión de activos y la desarticulación de organizaciones criminales que interactúan entre Panamá y Europa”, dijo el procurador general panameño, Javier Enrique Carballo Salazar.
Los fiscales generales de los seis países trabajarán ahora en la celebración de acuerdos internacionales con Eurojust, el siguiente paso en el proceso de cooperación.
