En tres años y medio de gestión del presidente Luis Arce Catacora, al menos seis ministros fueron denunciados por corrupción, además de viceministros y otras autoridades jerárquicas como el actual presidente de la Cámara de Diputados. Hay una sola condena.

Se trata de denuncias que llegaron a estrados judiciales, otras al Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción y algunas quedaron en nada al ser rechazados por el Ministerio Público.

Para el analista político Franklin Pareja, se trata de un escenario de “corrupción descontrolada” en la administración pública. La impunidad —a juicio de Pareja— se normalizó y tampoco hay señales de cero tolerancia ni de una lucha real contra la corrupción.

Además, denota una ausencia de la institucionalidad y de la preeminencia del cuoteo sobre la meritocracia al momento de la elección de las autoridades nacionales.

No hay sanciones contra los acusados de corrupción porque el sistema judicial carece de independencia en relación al Ejecutivo. “Hay tantas denuncias desde los evistas que no pueden prosperar en las instancias competentes”.

Lamentó que ni la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pueda fiscalizar a las autoridades porque les restringieron estas atribuciones con un recurso constitucional. “No hay la instancia legisladora”, sostuvo.

Los casos

El último caso conocido es del presidente de la Cámara Baja, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Israel Huaytari, quien es acusado por el Ministerio Público por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Están involucrados su esposa y dos jefes policiales.

El caso se encuentra en la etapa investigativa, pero las cuentas bancarias de Huaytari fueron congeladas y sus bienes anotados preventivamente.

La investigación surgió a raíz de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que identificó un movimiento de 1,4 millones de bolivianos en 193 transacciones.

Medio Ambiente

Hace un año, saltó el escándalo en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua por presuntas coimas y negociados por al menos 2,7 millones de dólares por siete adjudicaciones que involucraban directamente al ministro de la cartera Juan Santos Cruz.

La denuncia en su contra fue formalizada por uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión y legitimación de ganancias ilícitas.

A la fecha, hay 16 personas imputadas entre exfuncionarios de Gobierno y familiares de Santos Cruz. Por el caso, el exministro guarda detención preventiva en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz junto a otros seis implicados.

El abogado de una de las partes, Abel Loma, informó que se espera la etapa de juicio para las próximas semanas.

Por el mismo caso, denominado “coimas”, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, fue acusado y se encuentra con detención domiciliaria.

Minería

Cuatro meses antes, en enero de 2023, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) denunció al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, por el delito de incumplimiento de deberes por designaciones ilegales en la dirección ejecutiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Villavicencio designó de “manera irregular” a Brenda Lafuente, Carmen Nilza López y Erick Ariñez Bazán en cargos directivos sin que cumplan con los perfiles profesionales ni la experiencia específica en el área minera, como lo establece la norma.

El caso no avanza y sigue en investigación, señaló Manuel Morales, representante de Conade.

En abril de ese mismo año, el Magisterio Urbano de La Paz presentó una denuncia penal contra el ministro de Educación, Édgar Pary, debido a los textos escolares cuyas imágenes de portada habrían sido plagiadas. Asimismo, pidió que se incauten los libros en cuestión, para evitar un mayor daño económico al Estado.

La denuncia fue por los delitos contra la propiedad intelectual, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En enero de este año, el Ministerio Público rechazó la demanda.

El 31 de agosto de 2022, el diputado Héctor Arce (MAS) denunció en la Fiscalía General del Estado, en Sucre, a varios funcionarios de la Administradora Boliviana de

Carreteras (ABC), entre ellos su presidente, Henry Nina, por una presunta coima de 18,6 millones de bolivianos a una empresa china. El Gobierno deslindó de responsabilidades al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, y a Nina.

Un año antes, el 12 de noviembre de 2021, Adrián Quelca dejó sus funciones como ministro de Educación por denuncias de corrupción relacionada a la venta de exámenes para optar cargos. 

En este caso, Quelca fue sobreseído pese a la existencia de pruebas presentadas por la demandante, la entonces viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama.

Caso con sentencia

Uno de los primeros escándalos de corrupción estalló en abril de 2021. 

El entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, fue encontrado “in fraganti” cuando recibía 20 mil dólares como parte de soborno que ascendía a 380 mil dólares para dar vía libre al saneamiento, titulación y entrega de tierras en Santa Cruz. 

Tras un par de meses, se inició el juicio oral y un tribunal lo sentenció a ocho años de cárcel por corrupción. Es el único caso con condena.

Antes, Wilson Cáceres fue alejado del cargo de ministro de Desarrollo Rural y Tierra tras la denuncia de nepotismo en su contra. 

Arranca una semana conflictiva en el país, los gremiales y plataformas ciudadanas se movilizan hoy contra leyes que afectan la propiedad privada; y el transporte pesado ratificó el bloqueo de carreteras por falta de combustible y dólares.

Desde el Consejo de Defensa de la Propiedad Privada se anunció movilizaciones para hoy  en La Paz, en rechazo a los DS 4732 y 5139 y al proyecto de ley 145 porque esas normas afectan la propiedad privada, señaló su representante Agustín Zambrana.

Además de la convocatoria del Consejo de Defensa de la Propiedad Privada, se espera la participación de los gremiales así como del transporte pesado, que planea realizar además bloqueos en la carretera La Paz-Oruro y una caravana de protesta en la ciudad de Santa Cruz.

El secretario general de la Confederación de Gremiales, Cesar Gonzáles, confirmó que la movilización será en todo el país; en la ciudad de La Paz, por ejemplo, habrá una marcha que partirá del sector de la Cervecería Boliviana Nacional; y en Cochabamba  saldrá de  la intersección de la Esteban Arce y Totora.

Mencionó también el bloqueo de las instalaciones de la Aduana por el transporte pesado.

Otro de los sectores alineados a las protestas  de esta semana el del transporte pesado e internacional.

El transporte pesado confirmó el bloqueo de carreteras en dos departamentos, así como marchas en diferentes ciudades. Además, advirtieron que en caso de que el Gobierno no atienda sus demandas, pueden activar una protesta con medidas de presión indefinidas.

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, explicó que asumieron la medida de presión ante la falta de soluciones a sus demandas. “Esto ha generado entrar en movilizaciones por la falta de combustible y la falta de dólares, porque eso está haciendo que nos falte el trabajo a nosotros, principalmente en el tema internacional”, indicó a Unitel. 

Precisó que las medidas de presión se asumirán en varios departamentos, los cuales se movilizarán de diferentes maneras.

“La Paz, Oruro, ellos han decidido bloquear las carreteras desde las cero horas del lunes; en Potosí se va a hacer una marcha y también aquí en Santa Cruz no se descarta una marcha”, declaró.

El dirigente explicó que se trata de un bloqueo por 24 horas inicialmente, sin embargo, de no ser escuchados, se ampliará la medida de presión de forma escalonada, con bloqueos de carreteras a nivel nacional.

Los decretos cuestionados

Piden la abrogación del DS 5139, que es complementario al DS 5143, pues en su artículo segundo establece que el TGE le traspase 3.6 millones de bolivianos para la contratación de consultores en línea para el desarrollo informático, control de calidad, migración e implementación del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales. 

Además, rchazan la derogación del Decreto Supremo 4732 vigente hace dos años y referido a prevenir cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contrato de venta de bienes inmuebles.

Se suman los sectores que se movilizarán el lunes en todo el país en rechazo a cuatro normas y proyectos de ley relacionados con la propiedad privada y la incautación de mercadería; en tanto, desde el Gobierno calificaron las protestas de políticas y de carecer de fundamento.

Las protestas surgieron a raíz de la promulgación del Decreto Supremo (DS) 5143 sobre Derechos Reales, que, a pesar de ser abrogado, mantiene en vilo a distintos grupos de la sociedad.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, remarcó que la abrogación del DS 5143 fue para que la población tenga tranquilidad y las garantías ante amenazas de convulsiones en el país.

La norma ya tenía más de un mes de vigencia; “sin embargo, diversos actores políticos distorsionaron el objetivo de la normativa, causando zozobra en la población sobre un decreto que sólo apuntaba a modernizar el servicio, garantizar la propiedad privada, luchar contra la extorsión y la corrupción”, sostuvo Alcón.

El transporte internacional, los gremiales de El Alto, importadores y dueños de farmacias se sumarán a las marchas y bloqueos de vías, aseguró el secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzáles.

Además, opositores, plataformas ciudadanas y organizaciones civiles se mantienen en estado de emergencia en defensa de la propiedad privada y aseguran que no es suficiente la abrogación del DS 5143. Aseguran que los decretos vigentes 5139 y 4732 ponen en riesgo la propiedad privada.

Reposición

Además, alertaron que la reposición de la Ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas con el proyecto de ley 524 que modifica el Código Tributario eliminan la “zona secundaria” para permitir la incautación de mercadería identificada como ilegal o de contrabando.

Otra norma observada es el DS 4732 que establece que todo contrato de compra o venta anticipada de un bien inmueble “deberá contar con la certificación de no contener cláusulas abusivas, misma que será emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor”.

Desde el Consejo Nacional de Defensa de la Propiedad Privada (Cndpp), su representante Agustín Zambrana confirmó el estado de emergencia y su participación en todas las movilizaciones. 

En Cochabamba

En la ciudad de Cochabamba, los movilizados marcharán desde la calle Esteban Arce y Totora. 

Las movilizaciones se realizarán en todas las ciudades del país. En Santa Cruz, por ejemplo, las marchas saldrán de los cuatro puntos cardinales y el transporte pesado bloqueará diferentes rutas y las instalaciones de la Aduana.

En La Paz, se prevé que la marcha partirá desde la Cervecería Boliviana Nacional hasta el centro.

Los gremiales de El Alto marcharán desde la zona del Polufuncional.

Para evaluar la cobertura del Censo 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) programó la encuesta de cobertura del 23 de mayo al 22 de junio de este año con un cuestionario electrónico en los nueve departamentos del país, según reporte de Oxígeno.bo.

“Estamos avanzando y culminando cada día más etapas e hitos importantes de nuestro Censo de Población y Vivienda. En este momento que nos encontramos en la etapa poscensal, estamos a punto de comenzar uno de los hitos más significativos de la misma, que es la encuesta de cobertura”, informó ayer el director del INE, Humberto Arandia, en conferencia de prensa.

Explicó que esta encuesta es un “método excelente” para evaluar la cobertura de personas y viviendas que participaron en el Censo 2024 y lo ideal es realizarla de uno a tres meses después del empadronamiento nacional.

Encuesta de cobertura

“Tomando en cuenta que el censo fue el 23 de marzo, para cumplir con rigurosidad los estándares internacionales, la encuesta de cobertura comenzará el 23 de mayo, dos meses después de la realización del censo”, indicó.

La encuesta se extenderá hasta el 22 de junio con el objetivo de medir y evaluar la cobertura del censo 2024, además de cuantificar y caracterizar los diferentes fenómenos acontecidos durante los días del empadronamiento.

“Mucho se habló en algún departamento de que las personas salían de la ciudad al campo, entonces esto se va a poder identificar claramente a través de esta encuesta de cobertura o encuesta poscensal”, precisó Arandia.

La aerolínea estatal comenzará sus operaciones comerciales el 31 de este mes. Lo hará con una nave, pero estima sumar otra y más destinos.   

Boliviana de Aviación (BoA) ya no es la única empresa del Estado. Ahora, Bolivia cuenta con su segunda compañía aérea. Se trata de TAM, que regresa a la actividad bajo el nombre de TAMep.

En verdad, las operaciones comerciales iniciarán oficialmente el 31 de este mes, cuando se produzcan los primeros vuelos de cara a la población. La empresa dispondrá de una aeronave para llevar adelante sus viajes, aunque desde la gerencia de la firma y desde el Ministerio de Defensa estiman doblar los esfuerzos para adquirir una segunda nave, de modo que los destinos y los horarios puedan también ampliarse.

Lo concreto es que TAMep empezará con sus servicios en las rutas La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Cobija, en lo que será su primera etapa de actividades comerciales.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, celebró ayer la buena noticia y se convirtió en el primer pasajero al estrenar la agencia de venta de tickets situada en la planta baja del edificio de TAMep, en La Paz.

Conforme a esa cartera del Estado, el exgobernador de Cochabamba obtuvo su pasaje para el 31 de este mes, precisamente la jornada inicial de operaciones.

“Nos sentimos muy contentos. Nuestras felicitaciones para esta empresa pública de Transporte Aéreo Militar y el mayor de los deseos, rogando a Dios y la Pachamama para que nuestra empresa vaya creciendo con el apoyo de las autoridades, pero, además, con el servicio que también van a tener nuestra población y nuestros compatriotas”, festejó Novillo, ante los medios de comunicación.

EL PORTAL WEB

El gerente general de TAMep, el coronel René Saravia, informó sobre las chances con las que cuentan los usuarios para adquirir pasajes. Mencionó la plataforma web y la aplicación móvil.

En este sentido, es importante mencionar que, al menos de momento, la página web de la compañía no despliega opciones. Es decir, se halla en construcción. Una vez que el usuario ingresa al portal, se encuentra solo con el logo de la empresa.

MÁS DESTINOS

Esta es apenas la primera etapa de operaciones. En la segunda, los ejecutivos de la firma prevén sumar otra nave y, en consecuencia, cubrir más destinos de la población boliviana.

El avión Avro con el que cuenta TAMep actualmente tiene una capacidad de 70 pasajeros.

En cuanto a los precios de los tickets aún no hay mayores detalles. Sin embargo, el gerente de la compañía anticipó que se manejarán boletos con cifras módicas, al alcance de todos.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dio a conocer el reglamento del decreto de incremento salarial de este 2024, el cual, establece que las empresas e instituciones públicas deben pagar el retroactivo más el incremento salarial a sus trabajadores hasta el 31 de mayo.

La jefa departamental del Ministerio de Trabajo en Cochabamba, Cinthia Lozada, señaló que los empleadores deben presentar planillas hasta el 30 de junio.

“El incremento salarial para este año es del 3 por ciento al haber básico y 5.85 al salario mínimo nacional. Ahora el salario mínimo es de 2.500 bolivianos (…) Hasta el 31 de mayo, los empleadores deben cancelar el retroactivo más el incremento salarial”, sostuvo Lozada.

Asimismo, explicó que las planillas a ser presentadas deben cumplir tres requisitos básicos: la declaración jurada, la presentación de planillas de pagos con el retroactivo y el convenio homologado que hayan realizado entre el empleador y los trabajadores.

“Las planillas deben ser presentadas a través de la página virtual OVT (Oficina Virtual de Trámites) del ministerio de trabajo. La normativa es clara, todos están obligados a cumplir, caso contrario estarían infringiendo las normas socio laborales y a partir del 1 de junio se recibirán las denuncias”, acotó.

Las bajas temperaturas registradas en los últimos días acompañan a un incremento en los resfríos, sobre todo en los sectores más vulnerables: niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.  

En Cochabamba, que aún no decidió implementar el horario de invierno, los casos de resfríos se incrementaron considerablemente en los niños. 

La infectóloga pediátrica María Elena Calderón señaló que en el hospital de tercer nivel Manuel Ascencio Villarroel se reciben de cuatro a cinco casos de niños que se internan por influenza, lo cual “hace especialmente particular y crítica está temporada y debe concientizarnos sobre la importancia de recibir la vacuna contra esta enfermedad”.

“Cochabamba está experimentando un cambio climático, si bien por la mañana se siente el frío, por la tarde las temperaturas suben considerablemente. Estos cambios bruscos son motivo para que se estén registrando más niños con resfrío”, añadió Calderón.

La pediatra enfatizó en la importancia de recibir la vacuna contra la influenza, sobre todo los grupos de riesgo. “Es una medida preventiva muy importante para los resfríos. Actualmente, estamos vacunando desde los seis meses hasta los 12 años, a las personas de la tercera edad y gente con enfermedades de base”.

Calderón llamó en general a todos los que deseen vacunarse que pueden hacerlo. La vacuna está disponible y tiene un costo de 170 bolivianos. 

El director departamental de Educación de Cochabamba, Edgar Veizaga, informó que hasta hoy se tomará una determinación sobre el horario de invierno. “Se hará una evaluación sobre el ausentismo escolar, casos de resfríos y, de acuerdo a esos informes, determinaremos si rige en Cochabamba”, enfatizó.  

El precio del pan de batalla en Bs 0.50 está plenamente vigente y garantizado, por un acuerdo con los panificadores y el control en el 70% de su estructura de costos, informó el viceministro de Comercio Interno y Logística Interna, Grover Lacoa

El viceministro de Comercio Interno y Logística Interna, Grover Lacoa, respondió así al anuncio del dirigente de los panificadores Dandy Mallea, quien advirtió que, de subir el costo de los pasajes, se incrementará el precio de la unidad del pan de batalla.

El precio del pan de batalla en Bs 0.50 está plenamente vigente y garantizado, por un acuerdo con los panificadores y el control en el 70% de su estructura de costos, informó el viceministro de Comercio Interno y Logística Interna, Grover Lacoa.

La posición surge en respuesta al anuncio del dirigente de los panificadores Dandy Mallea, quien advirtió que, de subir el costo de los pasajes, se incrementará el precio de la unidad del pan de batalla.

“No observamos ninguna razón valedera para que ningún dirigente del sector panificador pueda cuestionar este acuerdo y pretenda azuzar las agua para buscar un posible incremento en el precio del pan, porque su estructura de costos, que la tenemos plenamente identificada, está completamente controlada”, afirmó.

La estatal Empresa de Apoyo a la producción de Alimentos (Emapa) entrega a los panificadores harina a precio subvencionado. A la fecha, entregó 667.192 quintales de harina a los panificadores de Cochabamba, La Paz, El Alto, Beni, Sucre, Potosí y Oruro a un precio subvencionado de Bs 136 a las tres primeras regiones y a Bs 123 a las demás.

El Gobierno y la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia acordaron en enero garantizar el precio del pan de batalla en Bs 0,50, como resultado de un convenio para la provisión subvencionada de harina de trigo durante 2024.

Sobre el azúcar, otro insumo importante en la elaboración del pan, Lacoa informó que tiene un precio “expectante”, para el sector.

“Con estos insumos, que son básicamente la harina y el azúcar, estamos garantizando que más del 70% de la estructura de costos del pan se mantenga completamente inalterable”, insistió en conferencia de prensa junto al gerente de Emapa, Franklin Flores.