Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), al caer la noche de este lunes se registran 27 puntos de bloqueo en Cochabamba (11), Potosí (7), Beni (4), Oruro (2) y Santa Cruz (3), medidas que son impulsados por sectores afines al evismo y afectan el transporte y a la provisión de alimentos, según los reportes que se dieron a lo largo de la jornada.

Y Chuquisaca, que no tiene vías departamentales bloqueadas, está aislada del resto del país.

En Cochabamba, la situación es crítica y esto fue puesto en manifiesto por la Federación de Entidades Empresariales Privadas (FEPC), alertando que se cumplen ocho días de cerco completo en esa región, ocasionando pérdidas estimadas en Bs 710,3 millones”.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, advirtió que la producción de banana está en riesgo; cerca de 40 camiones cargados permanecen detenidos desde hace seis días debido a la falta de diésel y los bloqueos, situación que pone en vilo a unas 22.000 familias productoras.

Abastecimiento irregular de productos alimenticios

En La Paz, el abastecimiento es irregular y hay productos que no está llegando, de acuerdo con el reporte de los comerciantes de la zona de la Garita de Lima. Mientras que otros productos subieron de precio con el pasar de los días, siendo un ejemplo el kilo de carne de pollo supera los Bs 30 y hay escasez en varios centros de abasto.

“Quedamos mal ante la población, piensan que nosotros estamos especulando”, denunció Miguel Rivero, representante de la Asociación de Comerciantes de Pollo.

Incluso, las primeras 15 toneladas de la industria estatal aceite refinado para el abastecimiento de las familias paceñas también tuvo que ser transportado por la vía aérea, según el reporte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Mientras tanto, 20 camiones con harina no pueden llegar a La Paz, de acuerdo con Rubén Ríos, ejecutivo de la Confederación de Panificadores, quien explicó que la distribución llega a los 4.000 quintales diarios, cuando lo normal es recibir 7.000.

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), reportaron que la provisión de Gas Natural Licuado (GNL) a Llallagua y Uncía (Potosí) está suspendida, debido a que no se puedo concretar el paso de cisternas.

“Sin ley no hay inversión. Sin orden no hay producción. Sin institucionalidad, no hay futuro posible”, advierte la FEPC. La incertidumbre crece, y con ella, la presión por soluciones urgentes.

Entretanto, el líder del evismo, Evo Morales, señaló que la movilización y el bloqueo son expresiones legítimas de resistencia ante un gobierno que ha cerrado los canales democráticos y traicionado el mandato popular.

Cochabamba permanece aislada del resto del país por los bloqueos encabezados por sectores afines al expresidente Evo Morales; tanto organizaciones de derechos humanos como el Gobierno denunciaron graves vulneraciones a derechos fundamentales de los ciudadanos.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) emitió un pronunciamiento contundente en el que denunció que las medidas de presión no constituyen protestas legítimas, sino actos coercitivos violentos que están afectando a civiles, personal médico y fuerzas del orden. “Esto no es protesta, es imposición violenta”, afirma el documento, firmado por los comités departamentales.

24 puntos de bloqueo

Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta ayer se mantuvieron al menos 24 puntos de bloqueo activos, 11 de ellos en Cochabamba, afectando el transporte de alimentos, medicinas y combustibles. La situación derivó en un creciente desabastecimiento y agravó la crisis económica en medio de una inflación persistente.

El ministro de Justicia, César Siles, informó que el Ejecutivo inició gestiones para que misiones internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) realicen una visita al país. “Estamos pidiendo que se verifique la dimensión humanitaria de estos bloqueos criminales”, señaló Siles.

Un fallecido
Los hechos cobraron ya víctimas fatales. En las últimas horas, un adulto mayor falleció tras caminar más de cinco kilómetros por rutas bloqueadas entre Oruro y Cochabamba. El hombre, identificado como Nemesio C., se desplomó sin poder recibir auxilio a tiempo.

Ayer, se registró otra jornada de enfrentamientos, esta vez en la ruta al valle alto cochabambino, cuando los pobladores se enfrentaron a los bloqueadores para despejar la vía; hubo gasificaciones y personas arrestadas.

El Ministerio Público y la Policía Boliviana ordenaron el repliegue temporal de los uniformados del trópico de Cochabamba debido a los conflictos que se registran desde la semana pasada, a eso se suma el cierre de una de las sucursales del Banco Unión. 

Denuncia penal
El ministro anunció la presentación de una denuncia penal contra Morales y varios dirigentes por presuntos delitos relacionados con la salud pública y la incitación a la violencia. El Gobierno desplegó desde el fin de semana un operativo conjunto entre policías y militares para liberar las vías. La primera semana de enfrentamientos entre policías y bloqueadores terminó con un saldo de 50 heridos.

Los evistas comenzaron a radicalizar sus exigencias al punto de pedir la renuncia del presidente del Estado, Luis Arce, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el cese de funciones de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Las elecciones generales del próximo 17 de agosto en Bolivia se perfilan como un momento decisivo en la historia democrática del país. No será  una jornada electoral más, tras 20 años el país tendrá comicios diferentes.

 Cinco factores convergen para convertir este proceso en un punto de inflexión: una crisis estructural sin precedentes; el retiro de Evo Morales como figura dominante en la política nacional, el debut electoral de una generación que sólo ha conocido un modelo de gobierno; el desarrollo tecnológico y un escenario político pluralizado, coincidieron los analistas.

Los polítologos Carlos Alberto Goitia y Jorge Komadina señalaron que desde 2005, la figura de Evo Morales marcó cada elección nacional, ya sea como candidato o como líder incuestionable del Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso en 2020, pese a estar inhabilitado, fue él quien definió al candidato ganador, Luis Arce Catacora. 

Este año, por primera vez en dos décadas, Evo no será el protagonista central. Y aunque su influencia persiste, el escenario es otro: dividido, desgastado y con múltiples aspirantes disputando el legado del MAS.

Komadina señaló que el MAS ya no es un partido político dominante. “En las anteriores elecciones todos sabíamos que el MAS iba a ganar, pero hoy tenemos unas elecciones completamente abiertas y no sabemos quién va a ganar las elecciones. No solamente porque el MAS está dividido en un ciclo histórico menguante, sino que la oposición también presenta una diversidad de candidaturas”, sostuvo. 

En segundo lugar, la elección se da en un contexto de crisis multidimensional: económica, jurídica, institucional, ambiental y social. Komadina añadió que este escenario se agrava por la incertidumbre de la realización de las elecciones nacionales.  “Y esto no tiene que ver solamente con las sospechas de un fraude electoral, sino por las acciones violentas que está desatando Evo Morales para patear el tablero electoral”, indicó..

Goitia enfatizó que este proceso electoral también será el primero para una juventud nacida o criada durante el largo ciclo del MAS. Se trata de una generación que conoció un solo partido en el poder, y que por primera vez podrá ejercer su derecho al voto en un contexto de mayor acceso a la información, redes sociales y discurso político digitalizado.

Komadina señaló que los jóvenes aun no han definido su voto. “Hay toda una generación de jóvenes que solamente han conocido el llamado proceso de cambio, es decir, la sucesión de gobiernos del MAS; y al quebrarse esta opción política,  ellos  no han definido todavía su voto”. explicó.

Para Goitia, la tecnología es otro cambio trascendental porque ha transformado las campañas. Las redes sociales se han convertido en espacios de debate, polarización, y también en herramientas de manipulación. La interacción entre electores y candidatos ha cambiado radicalmente, permitiendo nuevos liderazgos, pero también amplificando discursos vacíos y contradictorios.
Un factor novedoso en la coyuntura electoral es la pluralidad política, señalaron Goitia y la politóloga María Teresa Zegada.

Desde el retorno de la democracia, pocas veces se ha visto una oposición tan activa, pese a la persecución y el amedrentamiento sufrido durante años. Sin embargo, también es cierto que ciertos sectores opositores han replicado prácticas clientelares, cuoteo y listas negras, debilitando su credibilidad.

Zegada señaló que este escenario electoral trae  buenas noticias, porque después de muchas elecciones pasadas hay una verdadera incertidumbre en los resultados de la elección. “Hay una pluralidad de actores, de procesos y  hay una oportunidad política para que muchos candidatos o fuerzas políticas puedan llegar a lugares importantes de representación, incluso a la presidencia”, enfatizó.

Los tres analistas señalaron, por separado, que en los últimos 20  había cierta certeza de los ganadores y las elecciones normalmente marginaban a los minoritarios que eran opositores a la línea predominante del MAS. En esta elección no está ocurriendo eso.

A sus 61 años, el exministro de Gobierno y colaborador de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, Arturo Murillo, dejará el Centro de Detención Federal de Miami (Florida, Estados Unidos) el sábado 21. Al parecer, su “buen comportamiento” y la nueva decisión del Gobierno de Donald Trump lo favorecieron.

Murillo, junto con su exjefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez, además de tres estadounidenses, Luis y Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, fueron arrestados entre el 21 y 22 de mayo en Florida, sindicados de participar en sobornos, entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Fueron acusados de conspiración y lavado de dinero.

Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los detenidos fueron acusados de pagar 602 mil dólares en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano, en beneficio de Murillo, su exjefe de gabinete y otro funcionario boliviano

Los sobornos estaban destinados a que la empresa Bryan Berkman mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia, bajo la firma de un contrato por 5,6 millones de dólares, para la provisión de gases lacrimógenos y armas no letales para la Policía.

El 4 de enero de 2023, Murillo fue condenado en el país del norte, después de declararse culpable de lavado de dinero y recepción de sobornos, a cambio de ayudar a la empresa involucrada en acceder a un contrato de venta de material antidisturbios, que compró el Estado boliviano. Han pasado más de 880 días desde la condena, algo más de 29 meses, que inicialmente fue fijada en 70 meses de reclusión.

El activista y abogado de las víctimas de la masacre de Senkata, Thomas Becker, confirmó que la justicia estadounidense “cambió la fecha de su liberación. En principio, se publicó que sería el 21 de julio” de este año, en el portal de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), donde se lo identifica como el prisionero 02358506.

El jurista explicó que “lo más probable es que saldrá antes por razones de buen comportamiento”. Además, en 2023, la administración Trump emitió una ley para las personas recluidas en prisiones federales, que no tenían sentencia antes de aprobar una norma en ese año, para reducir sus penas”, dijo.

En el caso de Murillo, explicó, como se trata de su primer delito en Estados Unidos, pudo beneficiarse con la nueva ley y su buen comportamiento. Aunque en la justicia estadounidense se tiende a deportar a sus países de origen a las personas involucradas en delitos graves, como los que cometió Murillo, “con Donald Trump, cualquier cosa puede pasar”, mencionó Becker.

De acuerdo con el procedimiento, al dejar la cárcel, Murillo será enviado a un centro de detención migratorio. En esta etapa, las autoridades preparan su deportación.

Becker contactó a las autoridades nacionales

El abogado de las víctimas de la masacre de Senkata, Thomas Becker se comunicó con autoridades bolivianas para sugerirles que no se descuiden de Arturo Murillo en EEUU.

“Es muy importante que el Gobierno siga el proceso, siga de cerca si hay expulsión o deportación e insista con el exhorto suplicatorio o la petición de extradición para que Murillo no pueda escapar de la justicia boliviana”, indicó Becker; quien además recordó que el exministro recluido mantiene amistad con algunas autoridades de la administración Trump.

“No se debe olvidar que durante el gobierno de Áñez, Murillo visitó EEUU, el Departamento de Estado de Trump y allí él tiene algunos aliados”, mencionó.

Para Becker, lo correcto y lo que corresponde es que EEUU extradite a Murillo a Bolivia; pero se trata “de una decisión totalmente política” en la actualidad. En diciembre de 2024, Bolivia extraditó al exjefe policial Maximiliano Dávila, acusado de narcotráfico.

La justicia en Bolivia

En el país, las autoridades activaron procesos en contra del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien está a punto de recuperar su libertad, luego de cumplir su sentencia en EEUU.

De acuerdo con el procurador, Ricardo Condori Tola, el Gobierno tramita su deportación. “Tengan por seguro que Murillo no quedará impune. Tiene seis procesos, desde legitimación de ganancias ilícitas, caso Golpe de Estado I hasta Senkata”. 

La escalada de conflicto puede “derivar en una afectación irreversible de la estabilidad democrática, la institucionalidad del Estado y los derechos humanos de las y los bolivianos”, según un pronunciamiento difundido hoy en la mañana por la Defensoría del Pueblo y 50 instituciones.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que en los bloqueos de caminos “se registran situaciones que “se han convertido al margen de lo legal”. El cierre de carreteras es impulsado por sectores afines al expresidente Evo Morales y empezaron el 2 de junio.

“Es importante que las instituciones que tienen que ver con la investigación de hechos delictivos o cualquier otro hecho que limite derechos de otras personas deban investigar”, aseguró Callisaya, hoy en conferencia de prensa.

Según el Gobierno, hasta el domingo, se reportaron 53 personas heridas en enfrentamientos o ataques de grupos afines a Morales.

Callisaya destacó la importancia del diálogo y afirmó que la violencia no debe reproducirse bajo ninguna circunstancia, ya que podría generar mayor confrontación.

Los sectores movilizados exigen la inscripción de la candidatura de Morales para las elecciones generales del 17 de agosto, a pesar de que el exmandatario está inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional y el plazo de inscripción venció el 19 de mayo.

El defensor del Pueblo instó a los sectores movilizados a conceder una tregua, que permita llevar adelante una transición institucional democrática y que la población pueda elegir a sus nuevos gobernantes. “Llamamos a la reflexión a los diferentes sectores políticos que se han ido manifestando durante todo este periodo a que puedan dar una tregua a sus actuaciones para que hagamos este tránsito lo más tranquilo posible”, afirmó. 

Callisaya brindó sus declaraciones en una conferencia de prensa conjunta con representantes de otras instituciones de la sociedad civil. En la ocasión, se presentó un pronunciamiento que exhorta a actores políticos, autoridades públicas y privadas, así como a organizaciones sociales, a evitar una escalada de conflictividad en el país.

Pese al despliegue policial de unidades de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, la Llajta sigue aislada por cuarto día debido a los bloqueos en las carreteras que la conectan con el oriente y occidente del país. Se registraron 19 policías heridos en los operativos de desbloqueo; hay 42 detenidos y las terminales suspendieron las salidas de buses.

En las últimas horas, se instaló un nuevo punto en puente Ichilo, en el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, además se anunció también que en Pailón y San Julián se sumarán a las movilizaciones desde hoy.

Las protestas son promovidas por sectores afines al expresidente Evo Morales, cuya insistencia en ser habilitado como candidato ha llevado a diferentes movilizaciones. Morales negó el extremo y atribuyó las protestas a la crisis económica que se vive en Bolivia.

Escalada de violencia

La situación no sólo afecta la movilidad: también ha dejado un saldo preocupante en términos de violencia. El Ministerio de Gobierno confirmó que al menos 19 policías resultaron heridos por impactos de piedras y explosivos, incluyendo cachorros de dinamita.

Personal de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba informó ayer que tres policías permanecen internados en el Hospital Obrero No. 2 por golpes severos recibidos en la cabeza. Una oficial fue secuestrada temporalmente en inmediaciones del puente Pankuruma. En total, 42 personas fueron detenidas, algunas bajo cargos graves como el de secuestro.

Además, una ambulancia con cinco ocupantes, un chofer y cuatro médicos, fue retenida en la localidad de Japo, ruta hacia Caracollo, denunció la ministra de Salud, María Renée Castro.   “Cinco trabajadores de la salud —un chofer y cuatro médicos— fueron retenidos e incomunicados, en plena misión de salvar vida”, dijo.

En este contexto, las autoridades han sido claras en señalar el trasfondo político de estas movilizaciones. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció que estas acciones buscan generar caos para forzar la habilitación de Evo Morales, quien actualmente se encuentra legalmente inhabilitado para postular. “Nadie tiene derecho a eternizarse en el poder. La ley y la Constitución son claras”, afirmó Ríos, recalcando que la Policía actúa para garantizar el libre tránsito y proteger el proceso electoral.

Denuncia internacional

La Cancillería, por su parte, elevó la denuncia a nivel internacional. A través de un comunicado oficial, advirtió que los sectores “evistas” buscan acortar el mandato del presidente Luis Arce e imponer “una candidatura inconstitucional”, recordando que el Tribunal Constitucional Plurinacional prohíbe la reelección indefinida.

Ante esta embestida, el Gobierno ha reafirmado su postura: las elecciones se llevarán a cabo el 17 de agosto, como está previsto. “Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, con la paz y con el derecho del pueblo boliviano a elegir libremente a sus nuevos gobernantes”, concluyó el pronunciamiento oficial.

De acuerdo con un audio presentado por el dirigente evista Rudy Capquique, Evo Morales ordenó cercar la sede de gobierno y otras ciudades. El exmandatario negó el hecho y consideró que la posible evidencia es “un montaje”.

El audio fue recogido de una conversación telefónica que tuvo el expresidente con el dirigente, en medio de las movilizaciones y bloqueos que se reanudaron en La Paz y otras ciudades del país.

“Es con todo, hermano; es la batalla final”, dice Morales en el inicio de la conversación telefónica que dura casi dos minutos.

“Las salidas a Yungas cierren todo eso, hacia el lago, hacia Desaguadero, hacia Aroma y listo, sobre eso, Oruro y Santa Cruz solamente harán el bloqueo de caminos, Cochabamba ya está empezando”, instruye Morales en el audio.

Según Capquique, el líder cocalero lo llamó para darle la “instrucción clara” de que los sectores sociales impulsen una presunta “sublevación”.

Sin embargo, el exmandatario negó en sus redes sociales tales afirmaciones, bajo el argumento de que el “pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia”.

“El Gobierno crea falsos testigos y empieza a montar casos para acusarnos, desprestigiarnos y confundir al pueblo que lucha por sobrevivir. No es la primera vez que nos hacen falsas acusaciones, solo el pueblo conoce la verdad”, añadió Morales.

“¿Qué es lo que quiere nuevamente don Evo Morales? que la familia boliviana, los paceños, nuevamente, vamos a morir de hambre. (El exmandatario) habla del cerco a Cochabamba, Santa Cruz, imagínense, pero como prioridad tiene La Paz”, denunció Capquique.

Además, aseguró que hay una “instructiva” y “coordinación” para “atentar no solamente contra la vida del presidente Luis Arce sino contra los allegados que están a su ‘acompañamiento” (sic).

El dirigente evista apuntó contra Suseth Rodríguez como la supuesta “operadora directa” de Morales para organizar los ataques.

El gobierno del presidente Luis Arce anunció que, a primera hora de hoy jueves, se presentará una denuncia penal en contra del dirigente cocalero, Evo Morales, por terrorismo, instigación pública a delinquir y otros delitos, tras impulsar el bloqueo de caminos y anunciar un cerco a La Paz para forzar su candidatura, romper el orden constitucional, exigir la renuncia del primer mandatario e impedir la realización de las elecciones generales.

“La denuncia será presentada mañana (jueves) por los siguientes delitos de acción pública, que fácilmente pueden ser definidos como terrorismo, instigación pública a delinquir por el audio y por todos los sucesos y declaraciones anteriores, no solamente del señor Evo Morales, sino también de muchas otras personas que están siguiendo este juego maquiavélico de querer dar un golpe de Estado”, anunció el ministro de Justicia, César Siles.

En una conferencia de prensa conjunta con los ministros de la Presidencia y de Gobierno, María Nela Prada y Roberto Ríos, respectivamente, el titular de Justicia detalló que son al menos siete delitos que pesan en contra de Morales, entre los que se encuentra también desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, atentado contra la seguridad de medios de transporte, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos tipificados en el Código Penal.

También la denuncia involucrará obstaculización de procesos electorales, debido a su aspiración de habilitar una candidatura inconstitucional “por la fuerza”.

“El trasfondo de este criminal bloqueo, de esta criminal decisión de cercar La Paz por una habilitación que ya ha sido definida por todas las instancias, forzar una candidatura está prohibido y legal y constitucionalmente. El Gobierno boliviano va a garantizar la realización de las elecciones generales del 17 de agosto”, afirmó Siles.

Agregó que se exigirá al Ministerio Público que acelere el proceso en este y otros casos presentados, como la denuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por amedrentamiento, en Sucre, o la interpuesta en Cochabamba por similares características, y la que presentará el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Estas conductas, estas agresiones que estamos denunciando públicamente, y lo haremos formalmente mañana a primera hora ante el Ministerio Público, también pueden ser sujeto de una medida cautelar de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, aseveró.

Recordó a quienes están movilizados, por los intereses de una sola persona, que la Corte Penal Internacional también tipifica los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo con las medidas de presión.