El restaurante paceño Gustu ocupa nuevamente la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, un puesto al que accede por séptima vez, en esta ocasión en el puesto 38, mientras que Ancestral (63) y Phayawi (69), también de La Paz, están entre los 100 más importantes de la región.

El reconocimiento se anunció en la gala del Latin America’s 50 Best Restaurants List efectuada la noche de este martes en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, en la que participaron los más destacados chefs y especialistas en gastronomía del mundo.

La gerenta general de Gustu, Sumaya Prado, consideró que la nominación permite mostrar la diversidad de productos de Bolivia caracterizada por su “riqueza cultural, diversidad biológica y enorme patrimonio alimentario de los diferentes pisos ecológicos”.

“Este es un reconocimiento, no a un equipo, no a un restaurante, es un reconocimiento a todo el valor que tiene la gastronomía boliviana y su potencial para impulsar el progreso sostenible del país”, agregó.

En el evento se destacó que Gustu “sigue siendo un líder en el desarrollo culinario del país”.

Jairo Michel, uno de los dos jefes de cocina en Gustu, destacó que el restaurante trabaja “con insumos de los valles, los llanos, el chaco, la Amazonía y el altiplano”, por lo que busca ser un reflejo de la diversidad de la cocina boliviana.

La característica principal del restaurante situado en La Paz se enmarca en la promoción de productos nativos, el protagonismo que otorga a los productores y la promoción de los talentos gastronómicos locales para captar la atención internacional respecto a las costumbres del país.

Gustu, del empresario danés Claus Meyer, fue fundado en 2013 e ingresó en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica en 2014, 2015, 2016, 2022, 2023 y 2024.

Asimismo, en la gala fue galardonada la cocinera boliviana Marsia Taha como la Mejor Chef Femenina de América Latina en 2024, quien fue parte hasta hace poco, por casi una década, de la cocina de Gustu.

Taha dijo en una reciente entrevista mencionó que el premio que obtuvo “es un reconocimiento a la gastronomía en Bolivia” puesto que “tiene un valor agregado” porque contiene “productos únicos” como algunos insectos, carne de lagarto y las hojas de coca, que forman parte de su propuesta culinaria.

La chef boliviana fue reconocida en los premios de 2021 como ‘chef revelación’.

El primer puesto de los 50 mejores restaurantes de América Latina en esta versión fue para Don Julio, de Buenos Aires, mientras que el segundo sitial fue para el peruano Maido que en la versión anterior fue el primero.

El próximo 15 de diciembre participarán 198.103 jurados en las 33.019 mesas de sufragio que se instalarán para llevar adelante las Elecciones Judiciales en todo el país.

Desde el Órgano Electoral informaron que los jurados electorales deben ser debidamente notificados en los domicilios que figuran en los registros del padrón biométrico.  

Además, pueden acudir a los puntos de información habiendo conocido que figuran en las listas sorteadas, ya sea a través de la plataforma digital o por medios impresos.

Es importante la notificación porque deben ser capacitados para realizar adecuadamente sus tareas el día de las justas judiciales.

Los jurados electorales son las máximas autoridades en cada mesa de sufragio, son responsables de su organización y funcionamiento durante la jornada electoral.

La mesa de jurados se conforma por seis miembros, tres titulares y tres suplentes, quienes eligen a un presidente, un secretario y los vocales para el día de votación.

La labor de los jurados se inicia a las 6:00 y concluye con la entrega del material electoral al notario y al personal autorizado del Órgano Electoral (OE).

La mesa de sufragio debe estar abierta durante ocho horas, para facilitar el manejo del flujo ordenado de los ciudadanos y evitar aglomeraciones.

Los jurados deben ser los primeros en emitir su voto, luego organizarán el sufragio de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en la mesa. Deben dar preferencia a personas de la tercera edad, embarazadas o con bebés, personas enfermas o con discapacidad.

Luego del cierre de la votación, los jurados deben efectuar el escrutinio de papeletas, el conteo de los votos y registrarlos en las hojas de trabajo, para luego llenar el acta electoral.

Por último, deben ocuparse del llenado del acta electoral conjuntamente el notario y pegar la cinta adhesiva de seguridad.

Las tareas de limpieza en la cuenca de Bajo Llojeta demorarán al menos dos meses, informaron desde la Dirección de Emergencias de la Alcaldía de La Paz.

Señalaron que deben limpiar toda la tierra estancada. “Estimamos alrededor algo más de dos meses de trabajo por el volumen de deslizamiento. Sólo pedimos comprensión, no podemos habilitar la avenida Los Sargentos por estos motivos”, señaló Vladimir Vargas, director de Emergencias de la Alcaldía paceña.

El alcalde Iván Arias explicó a Los Tiempos que Bajo Llojeta sigue considerada como una “zona activa” por el riesgo de deslizamientos, aunque ya se realizaron obras civiles de contención.

Señaló que esperan el plan de contingencia de la empresa que realizó el movimiento de tierra; caso contrario, comenzarán los trabajos junto con la Alcaldía de Achocalla.

La Fiscalía de La Paz anunció que citará a los alcaldes de La Paz y Achocalla, Iván Arias y Manuel Condori, respectivamente, para que declaren en calidad de testigos, en el marco de las investigaciones por la mazamorra de la zona Bajo Llojeta.

“Estas autoridades exclusivamente tienen información pertinente que el Ministerio Público necesita analizar y valorar, para poder emitir exclusivamente los criterios dentro de la presente causa”, indicó a los medios el fiscal departamental Luis Carlos Torrez.

Policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y personal de la Fiscalía allanaron la tarde ayer las oficinas de la Alcaldía de Achocalla, en el marco de las investigaciones por la mazamorra en Bajo Llojeta, ciudad de La Paz.

El fiscal asignado a la investigación revisa y secuestra documentos que contribuyan a establecer responsabilidades. En imágenes de Bolivia TV se observa a un contingente policial ingresando al despacho del alcalde Manuel Condori.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM – Bolivia) solicitó la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para atender y mitigar los riesgos que se generaron tras las precipitaciones en la zona Bajo Llojeta, de la ciudad de La Paz.

“Esta crisis requiere un compromiso coordinado (…), por lo que se propone: activación inmediata del COED, apoyo con dotación de alimentos y vituallas, rehabilitación y puesta en marcha de maquinaria y equipos de limpieza, y fortalecimiento del sistema de alerta temprana de los municipios colindantes”, detalla un comunicado de prensa.

Los vecinos  de la zona Santa Cecilia, en Bajo Llojeta, exigen que  las autoridades nacionales y municipales inspeccionen detrás del cementerio Los Andes donde la tierra acumulada puede deslizarse hasta la zona baja con una próxima lluvia, ocasionando otro desastre como la  del sábado en la noche.

Julio Gutiérrez, vecino de la zona, dijo que “más allá de las denuncias que se presentará a la Fiscalía, lo más importante es la magnitud y la carga de mazamorra que se viene y que está concentrado en esta zona. Las autoridades deberían venir y ver la raíz, no están viendo eso. Están más preocupados por las demandas y procesos que vendrán luego, que ir al punto donde está el problema principal. Las autoridades no hay venido a verificar ni a inspeccionar esta zona”, advirtió.     

A tres días del deslizamiento  en Bajo Llojeta, el lodo cubre  coches,  muebles y enseres. El nivel alcanza, por lo menos, las primeras plantas de la viviendas, cuyos ocupantes están alojados donde sus familiares.

Hasta ayer, cuantificaron 40 casas afectadas, seis viviendas sepultadas por el barro y seis familias damnificadas, además de una cantidad sin cuantificar de vehículos.

Lo más trágico fue la muerte de Camila, una niña de cinco años, y 14 personas heridas que aún se recuperan.

Denuncia de oficio

La Fiscalía de La Paz formalizó un proceso penal de oficio por el deslizamiento de mazamorra que cobró una vida y causó graves daños materiales en la zona de Bajo Llojeta. La investigación se abrió por delitos de estrago con agravante de haber causado la muerte de una niña de cinco años, indicó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez.

Alcaldía de La Paz

Desde la Alcaldía de La Paz se informó que el movimiento de tierras al río, 50 mil toneladas, fue realizado por una empresa que pretende ampliar un cementerio, bajo autorización del municipio de Achocalla.

“Lo que aquí ha ocurrido es que ha tapado la bóveda, todo eso ha ido bajando, otra vez la irresponsabilidad de la gente”, dijo el alcalde Iván Arias.

La inmobiliaria Kantutani, que es señalada como la culpable de la mazamorra que afectó a varias casas en Llojeta, La Paz, deslindó toda responsabilidad.

Aseguró que la tragedia ocurrió por el taponamiento de un embovedado. “Aclaramos que los sucesos que afectaron la zona Llojeta fueron generados por el taponamiento del embovedado en el río Pasajahuira, que se encuentra a 1,5 km del cementerio Los Andes, y no fueron producto de los movimientos de tierra”, dice parte de su  comunicado.

La pequeña Camilita iba a graduarse de kínder

La niña Camila tenía cinco años, había culminado el kínder y todo estaba listo para festejarla. Sin embargo, la sonrisa de la pequeña fue apagada tras la mazamorra que atrapó casas en Bajo Llojeta, La Paz, tras una intensa lluvia.

“Mi hija era la última, la más querida, la más consentida, la más alegre, ya estaba todo listo para su graduación, tenía su indumentaria”, relató Grover Mendoza, padre de la niña a Bolivisión.

La familia de Camila no vive en Bajo Llojeta, pero sus padres decidieron acudir al lugar a visitar a una de las tías. Durante el desastre, la pequeña Camila estaba tomada de la mano de uno de sus primos, pero la caída de una piedra causó su separación.

Más de cien familias de la  comunidad de San Julián, en  Santa Cruz, resultaron afectadas por las fuertes lluvias que provocaron el desborde e inundaron el distrito Villa Paraíso.

“Al momento, tenemos más de 100 familias que están afectadas y, como Gobierno municipal, sacamos a la población a los lugares secos, donde se puedan albergar y también se moviliza la maquinaria para la limpieza y el ensanchamiento de canales, para que bajen las aguas”, señaló el alcalde del municipio, Willy Calderón.

Apertura de zanja

La autoridad explicó que entre los sectores más críticos están el distrito Villa Paraíso, la comunidad La Florida, Epizana y Cotoca. La lluvia cayó el pasado viernes, y ante el avance de la riada, el sábado muy temprano los comunarios decidieron abrir una zanja de tres metros del pavimento para drenar el agua acumulada, que provenía del municipio de Cuatro Cañadas.

De acuerdo a la Unidad de Gestión de Riesgos  (UGR) del municipio de San Julián, las lluvias superaron los 100 milímetros de agua acumulada, e incluso casi 200 milímetros. Por lo que, los vehículos que requieran llegar hasta Trinidad deben realizar un desvío por la zona 3 de Mayo hacia Vallecito y salir a la Circunvalación San Julián Centro.

La Paz

La pronosticadora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Gielda Mamani afirmó que la temporada de lluvias en el altiplano ya comenzó y se prevé que se extienda hasta marzo de 2025.

La pasada semana, los municipios paceños de La Asunta y Luribay fueron afectados por desbordes.

“Tenemos un total de 1.440 familias que sufrieron las afectaciones en estos dos municipios, a causa de las riadas y mazamorras que están azotando en estas regiones afectadas”, informó el vocero de la Gobernación, Jesús Chura.

Alerta naranja

El país ingresó a la época de lluvias y desde el  Senamhi se alertó ayer que hasta mayo del próximo año podría concluir este fenómeno con el posible desborde de ríos.

El pronóstico fue emitido luego de que, en pasados días, varias regiones fueran sido afectadas por la crecida de las aguas, dañando cultivos y viviendas de algunos departamentos.

El tribunal del caso denominado “Golpe de Estado I” ha decidido este lunes un cuarto intermedio hasta el 6 de enero de 2025. En este caso los acusados presenciales son Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

La audiencia de este lunes no se pudo instalar debido a la ausencia de Pumari, quien no fue trasladado desde la cárcel de Cantumarca de Potosí hacia La Paz para esta audiencia. Asimismo, una de las jueces pidió licencia por su estado de gestación.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, explicó que no se trasladó a Pumari porque la notificación fue realizada el jueves por la tarde y no hubo tiempo para tramitar la logística respectiva.

En este caso, Camacho y Pumari están acusados de terrorismo, porque en 2019 encabezaron las movilizaciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales. Existen exjefes policiales y militares implicados, pero los mismos se encuentran declarados en rebeldía, dado que estarían fuera del país.

Pese a las agresiones, gritos y toma de la testera de parte de legisladores evistas que rechazan a Omar Yujra como presidente, la tarde de ayer, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la resolución camaral de conformación de comisiones y comités para la legislatura 2024-2025.

Como se había anunciado, las trabajadoras gremiales cumplieron este jueves su marcha en la ciudad de La Paz, en protesta contra el alza de precios que afecta sus ventas y su capacidad de cubrir la canasta básica familiar.

“La canasta familiar ha subido demasiado y no nos alcanza”, dijo una de las manifestantes. “Las ventas han bajado mucho, la economía ya no da para las personas, estamos una pena en sí”, agregó otra marchista.

Las gremiales explicaron que, ante la falta de dólares, han subido los precios de los productos para vender.

Señalaron que los mayoristas han incrementado hasta el doble o triple los costos, mientras que ellas como comerciantes ya no saben cómo explicar esta situación a sus clientes.

Así como notan la baja en sus ventas, las gremiales protestaron contra el alza y escasez de los alimentos. Dijeron que varias no tienen cómo cubrir la canasta familiar e, incluso, han tenido que hacer filas de madrugada para conseguir arroz.

Las comerciantes acusan al Gobierno por la situación económica y realizaron su marcha con cánticos contra el Ejecutivo.

“Esta marcha no es política. Quiero decirle al señor presidente que la gente más humilde está sufriendo. Tal vez los que tienen sueldos jugosos no les afecte el alza de la canasta familiar”, dijo la dirigente Aurora Patiño.

La representante pidió al Gobierno que convoque a dialogar al sector y ofrezca soluciones. De lo contrario, advirtió con radicalizar las medidas.