Las autoridades electas en los comicios judiciales del 15 de diciembre corren el riesgo de no gozar de la legitimidad necesaria, ya que podría imponerse, nuevamente, el voto nulo o blanco sobre el válido. Los resultados oficiales en el ámbito nacional se conocerán el 24 de diciembre y la entrega de credenciales a los ganadores será el 30 de este mes.

Se trata de la tercera vez que se irá a las urnas para elegir a las altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial; la primera fue en 2011 y la segunda en 2017.

En 2011, el voto nulo y blanco superaron el 50 por ciento. En la elección para el Tribunal Agroambiental se impuso el 57 por ciento de votos nulos y blancos y en la del Consejo de la Magistratura fue el 58 por ciento.

En 2017, el escenario fue peor, hubo 65 por ciento de votos nulos y blancos para el Consejo de la Magistratura y 67 por ciento en el caso del Tribunal Agroambiental.

En ambas ocasiones se debió, en parte, a la falta de información y conocimiento de los candidatos, así como a la percepción de que el sistema de selección de magistrados no era transparente,coincidieron por separado el jurista independiente Ramiro Orías y la investigadora de Jubileo Sandra Verduguez.

Para Orías, esta vez la situación es peor. “Nos encontramos en peores condiciones que en las dos elecciones judiciales pasadas. Esta vez la elección es parcelada, no se elegirá a la totalidad de los magistrados para el TCP ni a todos los jueces para el TSJ.

Entonces se suma la incertidumbre debido a la obstrucción del TCP que asumió un papel de juez y parte porque esta situación incierta permite que sigan en su cargos indefinidamente.

A juicio de Orías, el sistema de elección de altas autoridades al TCP y Órgano Judicial por voto directo vulnera los derechos electorales de los ciudadanos y además incumple con el principio del voto informado. “En esta tercera elección no se iba a resolver la crisis del sistema de justicia, pero podía ser el inicio de una reforma judicial anunciada por el exministro de Justicia Iván Lima al inicio de su gestión en el cargo”, sostuvo.

Equivocación

El jurista independiente Ramiro Orías explicó que la incorporación del voto directo para la elección de las altas autoridades del TCP y del Órgano Judicial tenía el propósito de democratizar el acceso a la Justicia y legitimarla, pero resultó todo lo contrario. “El voto nulo y blanco sumados son un voto de rechazo y hace que esta medida no cumpla su objetivo”, señaló.

Para el jurista, el alto porcentaje de voto nulo y blanco expresa rechazo; por lo tanto, “democratizar la Justicia a través el sufragio popular es una decisión equivocada”.

Falta de independencia

Otra observación es que la selección de las altas autoridades por el voto popular ciudadano legitima la decisión política asumida en la Asamblea Legislativa. Orías señaló que existen intereses políticos partidarios en la preselección de candidatos, ya sean del oficialismo o de la oposición. “Hay muchas observaciones en el procedimiento de selección porque lo hace un Órgano Político y, por tanto, los nominados en las listas de candidatos pierden su independencia”, sostuvo.

Contradicción

Sobre el tema, Verduguez, responsable de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Jubileo, señaló que un sondeo de percepción ciudadana sobre la justicia reveló en 2021, 2022 y 2023 que existe desconfianza de todo el sistema judicial, pero apoyan la elección de altas autoridades judiciales por voto directo, con más del 60 por ciento.

Para Verduguez, es contradictoria la postura ciudadana porque, una vez en las urnas, se impone el voto nulo y blanco. “Si bien la gente desconfía del sistema de justicia, siente que votando por los altos cargos se contribuye al sistema democrático”, dijo.

Desinformación

Veduguez señaló que falta información sobre los candidatos, los cargos que ocuparán y sus funciones.

Precisó que en esta oportunidad el escenario es más complejo porque se trata de unas elecciones parciales en la que no se elegirán a todas las autoridades. “Hay mayor confusión para la ciudadanía”, precisó.

La profesional cuestionó el desempeño del Legislativo y del Órgano Electoral en relación a las listas de los candidatos a las justas judiciales. “Era evidente que no se cumplieron con los requisitos de paridad y de inclusión indígena y el Tribunal Supremo Electoral aceptó esas listas mal hechas”, concluyó.

Tahuichi: “Estamos en un terreno pantanoso”

Las elecciones judiciales del 15 de diciembre son un “terreno pantanoso”, porque sólo se elegirá a una parte de las autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), señaló el vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe.

Se trata de una situación “inédita” que deja en la incertidumbre la designación de las autoridades faltantes.

Para encarar un nuevo proceso electoral, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe realizar el proceso de preselección de los candidatos, pero este proceso puede hacerse esperar hasta 2026, porque al año deben realizarse las elecciones generales para elegir al presidente, vicepresidente y renovar el Legislativo.

Posteriormente, se tienen planificadas las elecciones subnacionales para la elección de alcaldes y gobernadores.

Entonces, las elecciones judiciales complementarias a las del 15 de diciembre, en el mejor de los casos, podrían realizarse el segundo semestre de 2026, dijo el vocal.

Mientras tanto, los cinco magistrados autoprorrogados del TCP seguirán ejerciendo sus funciones, son el número para instalar la sala plena y además son mayoría.

Consideró que los suplentes de los ganadores puedan asumir las acefalía.

Opiniones

Se confirma la necesidad de modificar el sistema de elección de las autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional”

Ramiro Orías

Jurista Independiente

Iremos a votar a ciegas, sin saber quiénes son los candidatos. Si bien sus méritos están en la página del Órgano Electoral, la gente no ingresa a revisar”

Sandra Verduguez

Jubileo

Los magistrados del TCP nos han dejado en una situación de total incertidumbre en lo referente a todos los procesos electorales”

Tahuichi Tahuichi Quispe

Vocal TSE

De forma temporal, el Gobierno suspendió las exportaciones de aceite hasta que se normalice el abastecimiento en el mercado interno a precio justo, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

Mientras rige esta medida, anunció que se intensificarán los controles para impedir el contrabando del producto a países vecinos, además, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor incrementará los controles en la cadena de intermediación para evitar el agio y especulación.

Los ejecutivos de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) aseguraron que se cuenta con la producción de aceite para el mercado interno, sin embargo, en los mercados de La Paz escasea el producto o se vende a precios elevados.

En los diferentes operativos de verificación que hizo el Gobierno, en los principales centros de abastecimiento, pudo corroborar la carencia de aceite. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, atribuyó esa situación a la especulación de los comerciantes mayoristas. 

El presidente del Estado, Luis Arce, inauguró ayer la estación de Emisión Documental Automatizada (EDA) del Servicio General de Identificación Personal (Segip), en la zona de Sopocachi (La Paz), que permitirá reponer una cédula de identidad o licencia de conducir en minutos, en ambiente controlados con seguridad las 24 horas y los siete días de la semana.

“En un importante avance tecnológico para el país, hoy (ayer) presentamos el Estado Digital (ED) – 10 Sistema de Emisión Documental Automatizada (EDA) para otorgar de manera automática reposiciones de cédulas de identidad y duplicados de licencias para conducir”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Este nuevo sistema fue implementado de manera inicial en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Se prevé que en la segunda fase llegue a otros departamentos y ciudades intermedias, como El Alto.

Beneficio

La directora nacional del Segip, Patricia Hermosa, resaltó que “los avances y el trabajo del Segip son para beneficio de la población, ya que no existen bolivianos de primera ni de segunda clase, y así todos tendrán el acceso al documento de identidad para el ejercicio de sus derechos”.

En tanto, el presidente Arce remarcó durante la presentación que “estamos sentando los cimientos para construir un Estado mucho más tecnológico y mucho más amigable (…), estamos mostrando un producto importantísimo para avanzar y mejorar la calidad de vida de la población boliviana, estamos muy contentos de estar en la inauguración de este sistema”.

La construcción de la infraestructura, el servicio de videovigilancia y el software tuvo una inversión de más de 2,5 millones de bolivianos en los cuatro equipos instalados en la primera fase.

A escasos 10 días de realizarse las elecciones judiciales y cuando varios sondeos revelan que muchos ciudadanos no conocen por quiénes votarán ni detalles de la logística de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) intensifican la campañas de difusión de méritos y las formas de votación, cumpliendo además con su calendario establecido.

El 15 de diciembre se celebrará la tercera elección judicial, y la primera que no será completa, por una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En tanto, aún no está claro de cuándo ni cómo se completará las listas de los magistrados que no serán elegidos en estos comicios.

Por ejemplo, en el TCP solamente se elegirá a cuatro de los nueve magistrados que componen esta instancia colegiada. 

Según el vocal del TSE  Tahuichi Tahuichi Quispe, recién a partir de abril de 2026 se podría hablar de un nuevo proceso electoral para elegir al resto de los magistrados. 

En tanto, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es el órgano del Estado que debe asumir una postura para emitir una nueva convocatoria a las elecciones judiciales restantes.

Vargas sugirió también que la ALP puede asumir una decisión para regular el funcionamiento del TCP, según un reporte de La Razón.

“Le daría la palabra a la ALP para que asuma una postura como órgano del Estado”, señaló la autoridad electoral. 

Defensa

Y sobre los magistrados prorrogados, ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, los defendió. Consideró que los problemas de la realización de las elecciones judiciales fueron por la “desatención” de la ALP.

El hipotético cese de funciones hubiera generado la paralización del TSJ y, con ello, una “afectación directa” a la población que acude a los estados judiciales en busca de atención a sus causas.

Rodríguez Veltzé reprocha fallo

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé calificó de “insólita” la última sentencia constitucional de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que advirtió con procesos a jueces, tribunal y salas constitucionales se incumplen el fallo 0770/2024 que determina la realización de las elecciones judiciales de manera parcial.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó ayer que el exjefe antidrogas Maximiliano Dávila será extraditado a Estados Unidos (EEUU) antes de las fiestas de fin de año.

“Ya ha culminado su proceso judicial en cuanto a la extradición, ahora se están realizando las coordinaciones diplomáticas y esperemos que en los próximos días, seguramente será antes de Navidad que, el señor Dávila se encuentre en el país del norte”, dijo Del Castillo a la prensa.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Justicia autorizó el 27 de noviembre la extradición de Dávila a EEUU, cuyo Departamento de Justicia lo acusa por conspiración para delitos de narcotráfico.

En EEUU, Dávila enfrentará una dura pena carcelaria por asociación delictuosa para importar sustancias controladas y manejo de armas relacionadas con narcotráfico. 

La pena por estos delitos en EEUU oscila entre 20 años y cadena perpetua, mientras que, en Bolivia, el delito por el que está acusado, legitimación de ganancias ilícitas, conlleva una pena menor, de entre cinco a 10 años, según Urgente.bo.

Manolo Rojas, abogado de Dávila, dijo que la extradición de su cliente no podía darse debido a que estaba abierto un proceso judicial en su contra por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

No obstante, Del Castillo indicó que ya ha “culminado” ese proceso, por lo que se hace la coordinación diplomática respectiva con EEUU.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó alertas por el incremento de lluvias y probables desbordes de ríos en ocho departamentos excepto Oruro, hasta el 12 de este mes, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

“El Senamhi ha emitido alerta hidrológica y metereológica que va regida hasta el 12 de diciembre, siempre que no haya una modificación en este periodo, estas dos alertas comprenden 8 departamentos involucrados y 187 municipios, a excepción del departamento de Oruro”, explicó en contacto con Cadena A.

De acuerdo con los datos de la autoridad gubernamental, se prevé que por el incremento de las lluvias, ríos y cuencas podrían llegar a su nivel máximo y generarse inundaciones en diciembre y enero.

Suman 7 departamentos que reportan incremento de lluvias a excepción de Pando y Oruro.

“El trabajo de prevención se dio durante todo el año y se ha destinado maquinaria a los municipios que lo han solicitado para fortalecer y refaccionar sus muros de contención, y en los gobiernos departamentales”, afirmó.

Señaló que el Senamhi alertó que los meses “más complicados” serán este diciembre y enero por la intensidad de las lluvia en el territorio nacional.

Sin embargo, “estamos realizando esfuerzos, hemos visto que algunos lugares fueron insuficientes, en otros que nos ganó la lluvia y también están otros lugares irregulares”, dijo.

Los ciudadanos cochabambinos saben que el 15 de diciembre deben acudir a votar a los recintos más cercanos a sus domicilios, pero la mayoría no tiene claro para qué, de acuerdo con un sondeo realizado por Los Tiempos a estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y a comerciantes de los mercados Calatayud y 25 de Mayo.

La mayoría de la media centena de personas consultadas no sabe qué cargos se elegirán en las elecciones judiciales, en qué casillas marcarán y tampoco las atribuciones de los candidatos; lo que les queda claro es que ese día no hay ninguna actividad y existen sanciones si no acuden a votar.

El 15 de diciembre se llevará adelante las justas judiciales para elegir parcialmente a las altas autoridades para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

En todos los departamentos del país están habilitadas las papeletas electorales con los candidatos al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental; sin embargo, sólo en cuatro se elegirán a magistrados para el TCP, y en siete, a los jueces del TSJ.

En Cochabamba, por ejemplo, no hay candidatos habilitados para el TCP.

Sondeo

En la UMSS, los estudiantes reclamaron mayor información a través de redes sociales que usan más, como TikTok. Estafanía Rojas, estudiante de Lingüística, contó que es la primera vez que participará de un proceso electoral y no sabe a quiénes se eligen. No le viene a la memoria ningún nombre de los candidatos ni los cargos que ocuparán.

Lourdes Claros, otra estudiante de Lingüística, aseguró que participará de las elecciones porque le queda claro que si no lo hace habrá sanciones, pero no sabe a quiénes tiene que elegirse ni el trabajo que realizarán.

Uno de los entrevistados señaló que conoce muy bien el procedimiento del día de las elecciones porque su madre resultó jurado; sin embargo, desconoce el propósito de los comicios judiciales.

Sonia Bustos, estudiante de Psicología, habló de la necesidad de acceder a información clara y didáctica porque, a pesar de acceder a la propaganda, no entendió cómo se conforman los tribunales ni qué funciones realiza.

Enfatizó que el tema de la Justicia es importante, pero la información es “abstracta”.

En el mercado 25 de Mayo, la única comerciante que dijo saber los cargos a elegirse, sostuvo que los jueces agroambientales serían los que atienden casos de la basura en las calles.

Otro de los entrevistados admitió que no entiende en qué consisten las elecciones judiciales, pero piensa que es un tema político porque se enteró de encuentros nacionales.

La Paz

En la cuidad de La Paz, al menos ocho de 10 ciudadanos  dijeron que desconocen para qué se realizará el proceso electoral, quiénes son los candidatos y qué cargos ocuparán, y sólo dos conocían del proceso, según un reporte de Urgente.bo.

“No estoy enterada de cuándo se realizará, no estoy al pendiente de eso. He escuchado que iban a votar mediante las Fuerzas Armadas porque al parecer el Gobierno quiere escoger a uno de ellos, pero no sé”, dijo una de las entrevistadas por ese medio.

Otro ciudadano señaló desconocer sobre las judiciales, pero enfatizó que es labor del TSE hallar los mecanismos para que la población se informe al respecto.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejando Gallardo, afirmó ayer que se cumplió con la entrega prioritaria de combustible a los sectores productivos del país para “garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos durante la gestión 2025”.

“Se pudo cumplir, a pesar de todas las dificultades, con los volúmenes y con los tiempos que tiene el sector agrícola, cabalmente para garantizar lo que sería la seguridad alimentaria”, aseguró Gallardo en una entrevista con Bolivia Tv.

Consideró “alarmistas” algunos comentarios de ciertos empresarios que advirtieron que en 2025 habrá una crisis alimentaria porque no se contaba con diésel para la cosecha y siembra, a pesar de que en sendos encuentros con el Ejecutivo se definieron las estrategias para priorizar las entregas a estos sectores.

“Hubo una coordinación continua y nosotros aquí tenemos todas las actas y toda la coordinación que se realizó con todos estos sectores cabalmente con el fin de priorizar lo que sería el sector productivo y entendemos que los periodos agrícolas no esperan, entonces se dio toda esta prioridad con el fin de que nosotros podamos dar esa seguridad a todos los bolivianos de que podamos contar con los alimentos para la siguiente gestión”, indicó.

Afirmó que luego del bloqueo de caminos de sectores afines a Evo Morales por 24 días, entre octubre y noviembre, hubo un desfase en la distribución de carburantes que provocó se formen largas filas en las estaciones de servicio, tanto por gasolina como diésel.

Para revertir esta situación, el Gobierno nacional incrementó los volúmenes de despacho, logrando que desaparezcan las filas de gasolina; no obstante por diésel continuaron hasta la anterior semana en algunos departamentos, como en Santa Cruz.

La Policía anunció este lunes su decisión de ampliar el plazo de la Investigación Técnica Vehicular (ITV) hasta el 31 de diciembre, con la finalidad de permitir que más conductores cumplan con este procedimiento y eviten multas.

El plazo original para realizar la ITV fenecía el 30 de noviembre.

Según la Policía , se tomó la decisión porque aún falta un 20% del parque automotor que no ha pasado por la ITV, particularmente del sector de servicio público.

La entidad del orden invitó a los conductores a cumplir la Inspección y así prevenir siniestros.

Los micreros de Santa Cruz iniciaron este lunes un paro indefinido en demanda del incremento del precio del pasaje a Bs 2,50. Pese a que el alcalde advirtió con suspenderles el permiso de operación si dejan a la ciudad sin el servicio por tres días, los transportistas se mantienen en su medida de presión.

Los micreros no instalaron puntos de bloqueo, pero sin el servicio de transporte muchas calles luces semivacías y las personas buscan la forma de llegar a sus destinos.

Camioncitos, camionetas, minibuses y mototaxis son los medios de transporte alternativo, que los cruceños usan este lunes, 2 de diciembre, en zonas como el Plan 3000, canal Guapilo y norte.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) ha determinado cambiar la modalidad de clases a la virtual, debido a la “dificultad para llegar a clases de nuestros estudiantes, ante el paro del servicio de micros”.

Algunos sectores del transporte, como los trufis y los libres, noa cataron la medida y denunciaron que en algunas zonas los micreros están agrediendo a los que salieron a trabajar.