El Consejo Nacional de Salud (Conasa) decidió suspender el paro nacional de 96 en horas después de recibir un documento firmado de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, el cual, suspende el tratamiento del Proyecto de Ley 035 de jubilación obligatoria a los 65 años hasta que se llegue a un consenso con los sectores movilizados.

En una declaración anterior, el presidente del Colegio Médico Departamental de Cochabamba, Rolando Iriarte, aseguró que en reiteradas oportunidades acudieron a la Cámara de Diputados buscando ser escuchados, por ese motivo, decidieron ingresar a un paro de 96 horas los días 25, 26, 29 y 30 de abril de este 2024, el cual, luego de este compromiso, quedó sin efecto.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Económica, Omar Yujra, señaló que la Cámara de Diputados no debatirá el Proyecto de Ley 035 de Reforma a la Ley de Pensiones hasta que se llegue a un acuerdo en la mesa técnica establecida con los sectores en conflicto.

Además, Yujra afirmó que, para evitar el paro del sector de salud se remitió una nota firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, confirmando una pausa en el tratamiento del proyecto de ley cuestionado.

El sector salud, además de la Federación Universitaria Docente (FUD) y los maestros urbanos esperan que la jubilación a los 65 años sea retirada definitivamente del Proyecto de Ley 035. 

El procurador general del Estado, César Siles, informó que la demanda consta de más de 4.000 hojas. Se lo acusa a él y a otros exfuncionarios por un daño de Bs 425 millones.

El exministro de Minería Luis Alberto Echazú fue aprehendido este lunes, acusado por la comisión de presuntas irregularidades en la planta de litio del salar de Uyuni.

El pasado 18 de abril, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado denunciaron a 10 exfuncionarios por contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El procurador César Siles indicó que la demanda consta de más de 4.000 hojas. Y uno de los implicados es precisamente el exministro Echazú.

Echazú ejerció como ministro de Minería en el Gobierno de Evo Morales y gerente nacional de Recursos Evaporíticos.

El exministro fue aprehendido dentro de la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial de litio, que ocasionaron un daño económico de Bs 425 millones.

Horas después de ser aprehendido, Echazú cuestionó al Gobierno por la presunta paralización del proyecto de industrialización del litio en el país.

“El Gobierno quiere ocultar tres años y medio de paralización del proyecto (del litio)”, dijo el exfuncionario.

Carlos Echazú, sobrino del exfuncionario, denunció que la detención fue sin previa citación, sin que la familia supiera donde lo estaban llevando e incluso consideró que tuvo las características de una “vendetta” y un “secuestro”.

Junto al exejecutivo se encuentran implicados otros nueve exfuncionarios, entre exdirectores y exsupervisores, que formaron parte del proceso de adquisición de las geomembranas de las piscinas.

En la denuncia se señala que las geomembranas de PVC de las piscinas, que se utilizan en la impermeabilización, no cumplen el espesor estándar, que según el contrato debía ser de (0.75 mm), sin embargo, se adquirió una de menor espesor (0.50 mm).

La presidenta de YLB, Karla Calderón, informó que una auditoría identificó varios factores relacionados al incumplimiento de las especificaciones técnicas en la adquisición de las  geomembranas.

Debido a esa situación, aseguró que las piscinas sufrieron un deterioro y se encuentran inoperables ante la exposición solar. En el caso se identificaron cuatro tipos penales: incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.

Calderón atribuyó además el retraso en la industrialización del litio a las correcciones que demandó “las condiciones lamentables” y las fallas de diseño encontradas en la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio.

La Policía gasificó ayer la marcha de los maestros urbanos durante el primer día de movilización en la ciudad de La Paz en contra de la “jubilación forzosa” a los 65 años y otras demandas sectoriales.

Los profesores urbanos, los médicos y trabajadores de las universidades públicas rechazan la propuesta de jubilación por considerar que recibirán rentas insuficientes para su sobrevivencia. Sin embargo, la medida del magisterio se debilita, debido a que el sector salud declaró un cuarto intermedio en sus medidas de presión en el paro de cuatro días anunciado para el 25, 26, 29 y 30 de abril.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte, informó que recibieron la carta de la Cámara de Diputados en la que se comprometen a no tratar el proyecto de modificación de ley de pensiones hasta que se consensué con los sectores interesados.

“Tal como nos comprometidos, hacemos un cuarto intermedio en las medidas de presión mientras se avance en las mesas técnicas al haber recibido la carta de la Cámara de Diputados”, señaló Iriarte.

El diputado de MAS Iván Yujra explicó que difundió un pronunciamiento formal a través de las plataformas oficiales de Diputados, pero ante la desconfianza del sector salud se procedió al envío físico de una misiva.

“Pedían una nota y esperemos que no haya más excusas para sentarse en una mesa técnica y se levanten las medidas de presión”, sostuvo.

Maestros urbanos

La marcha de los maestros urbanos contra el reordenamiento de ítems, jubilación forzosa y otras demandas, se realizó ayer con la participación de 31 federaciones del magisterio urbano del país.

”Estamos llevando adelante lo que habíamos anunciado. Nos queda salir a las calles ante una falta de respuesta a nuestras demandas. No tenemos respuestas claras de las autoridades. Tenemos alrededor de 2 mil maestros en La Paz. En el tema de la jubilación obligatoria, estamos pidiendo la abrogación desde octubre”, dijo Patricio Molina, dirigente del sector.

El artículo cuestionado se refiere a la jubilación a los 65 años y la necesidad de una evaluación de la salud física y mental para continuar trabajando.

Los maestros se movilizaron simultáneamente en diferentes ciudades del país e indicaron que las protestas continuarán.

El ministro de Educación, Omar Veliz, lamentó las movilizaciones de los profesores porque “se están atendiendo sus demandas, se iniciaron las negociaciones sobre su pliego petitorio”.

Informó que se convocó a la dirigencia a una reunión a las 14:00 de hoy, llamó a la reflexión de sector y dijo que el diálogo puede ser instalado en cualquier momento. Además, mencionó que ya se comenzó con la designación de ítems.