La gobernación de Beni declaró a esa región en “situación de desastre departamental por lluvias, inundaciones y grave deterioro de caminos y carreteras de (su) red vial, que compromete la transitabilidad y conexión entre ciudades (benianas)”, enuncia el decreto correspondiente emitido la noche de este lunes.

Ese documento señala que “en los municipios de San Borja, Rurrenabaque, Reyes, Baures, San Javier y Santa Rosa del Yacuma, los fenómenos naturales y sus consecuencias “están poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas, biodiversidad, seguridad alimentaria y economía del departamento del Beni”.

Asimismo, indica que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se mantendrá activo y en constante coordinación con las distintas instancias en materia de gestión de riesgos del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas del departamento.

El COED gestionará los requerimientos ante el Gobierno, las Entidades Territoriales Autónomas del departamento, así como todas las instituciones públicas y privadas, el apoyo hacia la Gobernación del Ben, con equipo logístico u otros, que puedan ser utilizados para las tareas de prevención, mitigación, recuperación, control de las inundaciones y la transitabilidad de caminos y carreteras.

Debido a los efectos ocasionados en el departamento, la Gobernación gestionará los recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos necesarios ante el nivel central del Estado para la atención de las tareas de mitigación y control de las áreas afectadas en el ámbito de sus competencias.

María Galindo, activista de Mujeres Creando, rechazó ayer la invitación que una organización política le realizó para que sea candidata a la presidencia en las elecciones de agosto. “Hubiera dicho que sí, pero digo que no”, aseguró.

“Agradezco la invitación. Les doy una respuesta prematura y sin rodeos, para que se busquen otra escalera: Yo no necesito ser candidata. No tengo esa necesidad especial, no tengo esa necesidad económica y no soy yo que los necesito, sino ustedes a mí”, expresó Galindo, en una transmisión.

Desde la radio Deseo, comentó que a los que le invitaron les presentó seis condiciones, pero al final tras realizar aquello pasó de ser invitada a solicitante. “Me quedó claro que el costo de aceptar la candidatura iba a ser cargar con la imposición de una bancada”, aseguró.

Galindo reveló que recibió la invitación de una organización política para ser candidata; sin embargo, señaló que rechazó la oferta al percatarse que “no les interesa lo que pienso” y sólo buscan “colgarse” del “afecto popular” que, afirma, tiene de la población.

“No les importa lo que pienso ni qué propongo, ellos quieren usar el afecto popular que gozo y asegurarse un lugar en el próximo Parlamento, por eso digo que no”, aseveró.

Relató que cuando recibió la invitación dijo que “sí” e incluso preparó y presentó un “programa poético” además de seis condiciones para ser candidata, pero reiteró que fue ahí que notó que sus ideas y propuestas no serían tomadas en cuenta. “Uno de ellos me ofreció convencer al conjunto para que me acepten y pasé de ser invitada a solicitante, aunque nunca les había tocado la puerta”, relató.

Resaltó que ella cuenta con “legitimidad y credibilidad social” aspectos que, afirmó, “el sistema carece en su conjunto”.

Galindo no dijo que organización política se le acercó y afirmó que no lo hará, ya que “no les deseo ningún mal”. Descartó que vaya a ser candidata de algún partido.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, expresó su preocupación por la presunta protección que algunos ciudadanos extranjeros estarían ofreciendo al expresidente Evo Morales, actualmente requerido por la justicia boliviana. Según Aguilera, estas acciones no solo atentan contra la soberanía nacional, sino que también reflejan el trasfondo político de ciertas resoluciones judiciales.

“Hay ciudadanos que están brindando, o intentando brindar, protección a una persona buscada por la ley. Esto compromete la soberanía de Bolivia y pone en evidencia el carácter político de algunas decisiones judiciales”, afirmó el viceministro en una entrevista con la televisión estatal.

En otro frente, Aguilera informó sobre la detección de extranjeros en situación migratoria irregular. Durante un operativo en el trópico de Cochabamba, autoridades inspeccionaron un alojamiento donde se identificó a 17 indocumentados, en su mayoría colombianos, junto a varios ciudadanos bolivianos. Este hallazgo ha levantado sospechas sobre posibles conexiones con redes ilícitas o actividades irregulares en el país.

El viceministro instó a los hospedajes a no aceptar personas sin documentación, subrayando la necesidad de evitar que Bolivia se convierta en un refugio para individuos con antecedentes judiciales. Este caso expone los retos del país en seguridad y control migratorio, así como las tensiones políticas y legales vinculadas a la protección de figuras como Morales.

El Gobierno busca fortalecer las medidas de control para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.

La alianza opositora conocida como Bloque de Unidad acordó que Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga serán los precandidatos sometidos a una encuesta para elegir al representante que competirá en las próximas elecciones presidenciales. Así lo anunció el sábado Tomás Monasterio, vocero de la coalición Libre, durante una conferencia en Santa Cruz, donde detalló el mecanismo de selección.

Monasterio explicó que tres empresas encuestadoras realizarán una consulta ciudadana en los primeros días de abril. Cada firma formulará cinco preguntas, sumando un total de 15, y cada respuesta otorgará un punto. El precandidato que obtenga al menos 8 puntos será designado como el candidato oficial. “Está acordado que participen Samuel Doria Medina y Jorge ‘Tuto’ Quiroga Ramírez”, afirmó el vocero, quien destacó que el ganador contará con el respaldo unificado de la alianza.

El bloque de unidad agrupa a diversas figuras opositoras, entre ellas Carlos Mesa —quien no participará como precandidato—, Vicente Cuéllar (de Cambio25), Luis Fernando Camacho (líder de Creemos) y la economista Amparo Ballivián, además de Doria Medina y Quiroga. Sin embargo, la consulta se limitará a estos dos últimos, considerados los principales aspirantes.

Por su parte, Amparo Ballivián propuso reconsiderar el método de selección y convocar una nueva reunión con los seis integrantes del bloque. “Cuando se formó este grupo, se plantearon dos opciones: una primaria digital o las encuestas”, recordó. Aunque ella abogó por la primera, sus compañeros optaron por la consulta ciudadana.

El viernes se conoció que tres empresas: las bolivianas Ipsos y Captura Consulting; además de la argentina Interactiv, se harán cargo de las encuestas. Según el exdiputado Monasterios, la empresa Captura Consulting estará a cargo de la encuesta definitoria.

Los precandidatos opositores ya buscan alianzas “estratégicas” para sumar votación en los siguientes comicios.

Opositores externos

Monasterio también cuestionó a figuras opositoras ajenas al bloque, como Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung, quienes recientemente anunciaron una alianza paralela. El vocero los acusó de intentar “dispersar el voto opositor” y señaló una supuesta contradicción en su actitud: “Entran por separado al Palacio de Gobierno y salen tomados de la mano”, ironizó.

Este proceso marca un momento decisivo para la oposición boliviana en su objetivo de consolidar una candidatura única y competitiva. El resultado de la encuesta no solo definirá al representante del Bloque de Unidad, sino que también moldeará su estrategia para enfrentar al oficialismo en los comicios.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el domingo, durante la conmemoración del 146 aniversario de la Defensa de Calama, la disolución de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar) y el inicio de una evaluación exhaustiva de los procesos llevados por el país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Estas medidas, según el mandatario, inauguran “una nueva etapa en la relación con Chile”, sin abandonar la histórica aspiración boliviana de una salida soberana al mar.

Arce justificó la clausura de Diremar, creada en 2011 bajo el gobierno de Evo Morales, al señalar que “los objetivos para los que fue establecida ya se cumplieron”. Este organismo lideró las demandas marítimas y de recursos hídricos ante la CIJ, incluido el caso por una salida al Pacífico, que Bolivia perdió en 2018. “Es momento de cerrar esa etapa”, afirmó el presidente del Estado.

Asimismo, destacó la necesidad de analizar en detalle los procesos judiciales iniciados en La Haya. “Bolivia debe conocer a fondo los resultados de estos juicios para replantear su estrategia jurídica y diplomática”, explicó. Esta revisión busca fortalecer la postura del país en sus reclamos internacionales.

El mandatario reiteró que la demanda de una salida soberana al mar permanece “irrenunciable”. “Con el riesgo de ser reiterativo, este sigue siendo el tema más importante para Bolivia”, subrayó, aunque aclaró que se priorizará el diálogo, el respeto al derecho internacional y la diplomacia con Chile.

Durante el acto, Arce homenajeó a los héroes y mártires de la Guerra del Pacífico (1879-1884), conflicto que privó a Bolivia de su acceso al océano. “En su memoria, persistiremos en nuestro legítimo reclamo”, afirmó.

Cambio de política

El cierre de Diremar y la evaluación de los juicios marcan un cambio en la política exterior boliviana, que transita de un enfoque de confrontación a uno más pragmático con Chile. Sin embargo, el gobierno mantiene la cuestión marítima como pilar de su agenda internacional. Este giro podría sentar las bases para un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, aunque persisten obstáculos como la desconfianza histórica y disputas pendientes, como el uso de las aguas del Silala.

Las decisiones de Arce reflejan una renovación estratégica, pero no un abandono de la lucha centenaria de Bolivia por recuperar su acceso al mar.