En tres años y medio de gestión del presidente Luis Arce Catacora, al menos seis ministros fueron denunciados por corrupción, además de viceministros y otras autoridades jerárquicas como el actual presidente de la Cámara de Diputados. Hay una sola condena.
Se trata de denuncias que llegaron a estrados judiciales, otras al Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción y algunas quedaron en nada al ser rechazados por el Ministerio Público.
Para el analista político Franklin Pareja, se trata de un escenario de “corrupción descontrolada” en la administración pública. La impunidad —a juicio de Pareja— se normalizó y tampoco hay señales de cero tolerancia ni de una lucha real contra la corrupción.
Además, denota una ausencia de la institucionalidad y de la preeminencia del cuoteo sobre la meritocracia al momento de la elección de las autoridades nacionales.
No hay sanciones contra los acusados de corrupción porque el sistema judicial carece de independencia en relación al Ejecutivo. “Hay tantas denuncias desde los evistas que no pueden prosperar en las instancias competentes”.
Lamentó que ni la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pueda fiscalizar a las autoridades porque les restringieron estas atribuciones con un recurso constitucional. “No hay la instancia legisladora”, sostuvo.
Los casos
El último caso conocido es del presidente de la Cámara Baja, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Israel Huaytari, quien es acusado por el Ministerio Público por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Están involucrados su esposa y dos jefes policiales.
El caso se encuentra en la etapa investigativa, pero las cuentas bancarias de Huaytari fueron congeladas y sus bienes anotados preventivamente.
La investigación surgió a raíz de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que identificó un movimiento de 1,4 millones de bolivianos en 193 transacciones.
Medio Ambiente
Hace un año, saltó el escándalo en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua por presuntas coimas y negociados por al menos 2,7 millones de dólares por siete adjudicaciones que involucraban directamente al ministro de la cartera Juan Santos Cruz.
La denuncia en su contra fue formalizada por uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión y legitimación de ganancias ilícitas.
A la fecha, hay 16 personas imputadas entre exfuncionarios de Gobierno y familiares de Santos Cruz. Por el caso, el exministro guarda detención preventiva en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz junto a otros seis implicados.
El abogado de una de las partes, Abel Loma, informó que se espera la etapa de juicio para las próximas semanas.
Por el mismo caso, denominado “coimas”, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, fue acusado y se encuentra con detención domiciliaria.
Minería
Cuatro meses antes, en enero de 2023, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) denunció al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, por el delito de incumplimiento de deberes por designaciones ilegales en la dirección ejecutiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Villavicencio designó de “manera irregular” a Brenda Lafuente, Carmen Nilza López y Erick Ariñez Bazán en cargos directivos sin que cumplan con los perfiles profesionales ni la experiencia específica en el área minera, como lo establece la norma.
El caso no avanza y sigue en investigación, señaló Manuel Morales, representante de Conade.
En abril de ese mismo año, el Magisterio Urbano de La Paz presentó una denuncia penal contra el ministro de Educación, Édgar Pary, debido a los textos escolares cuyas imágenes de portada habrían sido plagiadas. Asimismo, pidió que se incauten los libros en cuestión, para evitar un mayor daño económico al Estado.
La denuncia fue por los delitos contra la propiedad intelectual, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
En enero de este año, el Ministerio Público rechazó la demanda.
El 31 de agosto de 2022, el diputado Héctor Arce (MAS) denunció en la Fiscalía General del Estado, en Sucre, a varios funcionarios de la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC), entre ellos su presidente, Henry Nina, por una presunta coima de 18,6 millones de bolivianos a una empresa china. El Gobierno deslindó de responsabilidades al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, y a Nina.
Un año antes, el 12 de noviembre de 2021, Adrián Quelca dejó sus funciones como ministro de Educación por denuncias de corrupción relacionada a la venta de exámenes para optar cargos.
En este caso, Quelca fue sobreseído pese a la existencia de pruebas presentadas por la demandante, la entonces viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama.
Caso con sentencia
Uno de los primeros escándalos de corrupción estalló en abril de 2021.
El entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, fue encontrado “in fraganti” cuando recibía 20 mil dólares como parte de soborno que ascendía a 380 mil dólares para dar vía libre al saneamiento, titulación y entrega de tierras en Santa Cruz.
Tras un par de meses, se inició el juicio oral y un tribunal lo sentenció a ocho años de cárcel por corrupción. Es el único caso con condena.
Antes, Wilson Cáceres fue alejado del cargo de ministro de Desarrollo Rural y Tierra tras la denuncia de nepotismo en su contra.
