La Dirección de Movilidad Urbana y el Departamento de Personas con Discapacidad, inició operativos de control en el centro de la ciudad para exigir el cumplimiento del pago diferenciado de Bs 1,50 a las personas con discapacidad en el transporte público.

La jefa del Departamento de Personas con Discapacidad, Ninoska Luján, informó que la medida responde a las denuncias registradas por asociaciones del sector, que reportaron maltrato y cobros indebidos por parte de algunos transportistas, pese a la presentación del carnet de discapacidad que acredita este beneficio.

El municipio recordó que la Ley Municipal N° 1575/2024 establece la obligatoriedad del pasaje diferenciado, y advirtió que los transportistas que incumplan la norma serán sancionados con una multa de Bs 104.

De acuerdo con datos de la Jefatura de Transporte Público, se recibieron más de 300 denuncias en distintas modalidades, y 71 transportistas ya fueron sancionados por incumplir la disposición.

Estos controles se reforzarán en distintos puntos del municipio con el objetivo de concienciar al transporte público y garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Más de tres mil vecinos del Distrito 5, al sur de la ciudad, se beneficiaron con la entrega del mejoramiento y ampliación de redes de alcantarillado sanitario.

“Estamos entregando el mejoramiento del alcantarillado en el Distrito 5, pues no solamente en fines de semana o aniversarios se entregan obras, sino todos los días”, señaló ayer el alcalde Manfred Reyes Villa.

El proyecto comprendió la instalación de más de un kilómetro de redes de alcantarillado y más de 1.040 acometidas, beneficiando directamente a varias Organizaciones Territoriales de Base (OTB) del sector. Reyes Villa destacó la importancia de fortalecer los servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los cochabambinos, según un reporte de la Alcaldía.

El gerente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Luis Prudencio, explicó que el trabajo permitió sustituir redes antiguas y deterioradas, garantizando la conducción y reconducción eficiente del agua. “Es una inversión de más de Bs 1,3 millones que beneficiará a los vecinos, especialmente durante la época de lluvias, evitando rebalses y anegamientos”, indicó. Los vecinos de la zona de la avenida 6 de Agosto e Independencia destacaron la obra.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aclaró este jueves que no existe evidencia que confirme la presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano y anunció que se solicitará información formal al Gobierno de Paraguay para verificar las declaraciones emitidas por su ministro del Interior, Enrique Riera.

Ríos explicó que la lucha contra el narcotráfico en Bolivia es “digna, soberana y sin injerencia extranjera”, aunque se desarrolla en el marco de una “responsabilidad internacional compartida”.

Remarcó que las acciones se sustentan tanto en investigaciones internas como en el intercambio de información con países de la región.

“Nosotros, siendo responsables y respetuosos de los procedimientos establecidos, hemos solicitado a través de Interpol a la Policía de Paraguay que brinde mayor información. Nos entregaron datos preliminares, sin embargo, queremos corroborar esta información en función de que no tienen evidencia ni tampoco especificidad sobre la presencia del mismo (Marset) en nuestro país”, informó el ministro en conferencia de prensa.

En las últimas horas, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó que era “casi un hecho” que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se encontraba oculto en Bolivia.

Asimismo, adelantó que, mediante la vía diplomática, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pedirá la documentación y los respaldos correspondientes para sustentar las declaraciones realizadas desde Paraguay.

“Estas declaraciones que han sido emitidas no cuentan con validación de la Policía Boliviana ni de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN)”, añadió.

Remarcó que, desde que surgieron las versiones sobre la supuesta presencia de Marset, se activaron distintos mecanismos de búsqueda y control, tanto para el caso específico como para otras personas requeridas por la justicia nacional e internacional.

“Esta semana se intensificaron los operativos, principalmente en el departamento de Santa Cruz, con dispositivos estáticos de control, allanamientos y la toma de declaraciones a denunciantes e investigados”, indicó Ríos, al subrayar que hasta el momento no se tiene confirmación de que el narcotraficante se encuentre en Bolivia.

Imponer regulaciones restrictivas y poco técnicas limita la competencia justa, podría generar cambios desfavorables en las tarifas del transporte para la población y contradice los principios de equidad y el derecho al trabajo escritos en la Constitución. 

La Ley Municipal N.º 1714/2025, que regula el Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros y establece el Sistema de Taxi Seguro (STS), introduce nuevos requisitos, procedimientos y sanciones que podrían tener el efecto contrario al que se busca: menos conductores registrados, mayor informalidad y un aumento en la inseguridad vial.

La normativa exige que todos los conductores de taxi incluidos los que operan mediante plataformas digitales se registren en el STS, ahora bajo condiciones más estrictas que las anteriormente vigentes. Además, deben obtener una Autorización Municipal de Operaciones (AMO). Sin cumplir con estos requisitos, los conductores no podrán trabajar legalmente y serán objeto de sanciones.

La regulación busca incorporar a las aplicaciones digitales dentro de un marco normativo obsoleto, introduciendo medidas como la obligación de colocar múltiples distintivos visibles (stickers) en los vehículos e incluso prohibir su operación si no cuentan con una oficina física en el municipio. Estas exigencias podrían dejar sin ingresos a miles de familias cochabambinas que actualmente dependen de estas plataformas, y afectar a los numerosos usuarios que confían en estos servicios diariamente por su seguridad y eficiencia.

Imponer regulaciones restrictivas y poco técnicas limita la competencia justa, podría generar cambios desfavorables en las tarifas del transporte para la población y contradice los principios de equidad y el derecho al trabajo escritos en la Constitución Política del Estado.

Cochabamba necesita un marco regulatorio moderno y equilibrado, que esté abierto al diálogo y promueva la formalización y el uso de la tecnología como aliada de la seguridad ciudadana, y no como un obstáculo al progreso y desarrollo del departamento.

En una jornada histórica para el municipio de Sacaba, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 646/2024-2025 de financiamiento para la construcción del distribuidor vehicular en la zona de Pacata, Distrito 3 de Sacaba, además del asfaltado de la avenida Octava en los Distritos 2 y 6.

Este proyecto de Ley, fue impulsado por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados. La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Deisy Choque (MAS-IPSP), destacó que esta norma permitirá fortalecer la infraestructura vial urbana, impulsando el desarrollo económico y social del municipio de Sacaba y beneficiando directamente a miles de familias cochabambinas.

La norma será remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, tratamiento y eventual aprobación.

Estos proyectos viales que transformarán Sacaba, tendrán una inversión de más de 17.7 millones de dólares, recursos provenientes de un financiamiento por parte del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), gracias a gestiones impulsadas por el alcalde Pedro Gutiérrez Vidaurre, el Concejo Municipal e instituciones de Sacaba.

“Se aprobó por esta comisión el proyecto de Ley de financiamiento para la construcción del distribuidor vehicular en la zona de Pacata en la Ruta Nacional 4 que une el oriente con el occidente, es una vía troncal de tránsito”, señaló el alcalde Pedro Gutiérrez Vidaurre tras una reunión en la ciudad de La Paz.

La autoridad municipal acotó que la obra ayudará al descongestionamiento vehicular, beneficiando no solo al transporte del municipio de Sacaba, sino a nivel departamental, nacional e internacional.

La presidenta de la Comisión, Magaly Gómez destacó las gestiones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, además del trabajo coordinado entre los parlamentarios de la comisión.

“Es un proyecto muy importante que ayuda al crecimiento, la población esperó tres años, estamos contentos se ha aprobado por unanimidad, todos los diputados de la comisión, de oficialismo y oposición le han dicho si al progreso y al desarrollo”, indicó Gómez.

Antecedentes

Desde 2021, la Alcaldía de Sacaba trabajó en proyectos y propuestas para solucionar el problema de congestionamiento vehicular que existe en la rotonda del Servicio de Caminos en el Distrito 3 Pacata. Se sostuvieron constantes reuniones a nivel local con todos los actores sociales.

En diciembre de 2023, se firmó un convenio interinstitucional con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Gobernación de Cochabamba para la gestión de financiamiento para la construcción del distribuidor vehicular de la rotonda del kilómetro 1 ½ de la avenida Villazón, en el Distrito 3 Pacata.

En abril de 2024, el alcalde Pedro Gutiérrez, el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, junto con los ministros de Obras Públicas y Servicios Edgar Montaño y de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui llegaron a un acuerdo para gestionar el financiamiento para la construcción del distribuidor en Pacata.

En meses posteriores también se sostuvieron reuniones con FONPLATA, además de realizar inspecciones técnicas en la zona de Pacata donde se implementará el distribuidor vehicular y también a lo largo de la avenida Octava, una vía principal que cruza de norte a sur el municipio de Sacaba atravesando los distritos 2 y 6.