El coordinador departamental del Ministerio de Defensa, Samuel Pereira, alertó sobre la llegada de un “intenso frío” que afectará a todo el país y pidió a los gobiernos subnacionales, tanto gobernaciones como alcaldías, a tomar sus previsiones.

“A partir de este fin de mes, se tendrá un cambio climático que va a azotar a toda Bolivia con un frío intenso”, indicó.

Explicó que aún se espera los informes oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), ya que dicha instancia dio las directrices con las respectivas alertas en la época de lluvias.

“Esperamos el informe de Senamhi para ver la conducta y comportamiento del cambio (…), hay indicios ya han comenzado a variar las temperaturas en Cochabamba y en La Paz se empieza a sentir el intenso frío. Queremos alertar a los gobiernos departamentales a tomar sus prevenciones”, reiteró.

El frente frío también se siente en Santa Cruz desde el pasado domingo y por ello la Dirección Departamental de Educación dispuso tolerancia en el horario de ingreso y la no obligatoriedad del uso del uniforme en unidades educativas.

Ayer, los médicos determinaron reanudar sus medidas de presión ante la falta de respuesta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados a la solicitud de retirar el artículo condicional referido a la “jubilación forzosa” a los 65 años del proyecto de Ley 035.

El vicepresidente del Colegio Médico de Bolivia, Rommel Pereira, informó que lo que corresponde es un paro de 96 horas desde el próximo 25 de abril, porque ya cumplieron los paros de 24, 48 y 72 horas en el ámbito nacional.

Explicó que los legisladores no atendieron la solicitud del sector de formalizar el retiro del artículo condicional a través de una carta hasta las 17:00 de este jueves.

“Al no tener la carta a la fecha, las medidas continúan y ya podemos anunciar que, al no tener respuesta, el día jueves (25), viernes (26), lunes (29) y martes (30) vamos a tener un paro.

Si mañana (hoy) nos dan la carta, suspendemos las movilizaciones”, manifestó el representante de los médicos.

Los trabajadores ingresaron en cuarto intermedio en sus movilizaciones para llevar adelante el diálogo con la comisión de Diputados para tratar los puntos observados del proyecto de ley.

Pereira aclaró que el sector puede levantar “en cualquier momento” sus medidas de presión si sus demandas son atendidas por los legisladores.

En la víspera, el personal de salud contó con el respaldo del magisterio urbano, trabajadores de las universidades privadas y los jubilados.

La protesta común es el rechazo a la jubilación forzosa a los 65 años; los maestros además exigen rentas del 100  por ciento, como sucede con las Fuerzas Armadas.

Antecedentes

El pasado lunes, la directiva de los médicos y la Comisión de Planificación de Diputados sellaron un preacuerdo, en el que el sector movilizado se comprometió a no paralizar sus actividades laborales y los legisladores a no tratar el proyecto de ley hasta que concluyan las mesas de trabajo.

Ambos sectores también definieron que retomarán a la mesa de diálogo en 15 días. Sin embargo, el sector médico indicó que no recibió ninguna respuesta hasta la fecha de la citada comisión de Diputados.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Édgar Villegas, añadió que cuando el sector tenga “la carta con la firma del presidente de la Cámara de Diputados (diciendo) que no se va a tratar en el plenario el proyecto de ley, inmediatamente vamos a instalar la mesa técnica de trabajo”, aseguró.

El diputado Omar Yujra explicó que se realizará una aproximación con el sector de salud para tratar las mesas técnicas y, en relación con los maestros, se determinó un cuarto intermedio en sus movilizaciones.

Las medidas  de presión

Los maestros urbanos mantienen sus medidas de presión previstas para la próxima semana en la ciudad de La Paz.

Los delegados de las federaciones departamentales viajarán este fin de semana para sumar la marcha el próximo lunes, la misma bajará desde El Alto.

El caso remonta a 2012 cuando se descubrió una red de funcionarios del Ministerio de Gobierno que fueron detenidos acusados de corrupción y extorsión al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por vínculos con el narcotráfico en nuestro país.

Un tribunal cruceño emitió este martes una orden de aprehensión contra el exministro de Gobierno, Carlos Romero, luego de que la exautoridad no prestó su declaración como testigo en el caso Ostreicher, según reportaron varios medios de Santa Cruz.

El mandamiento indica que cualquier miembro policial del país debe proceder al arresto del extitular de Gobierno en la gestión de Evo Morales.

Además, el documento indica que Romero debe comparecer este jueves 18 de abril en el Palacio de Justicia.

“A objeto de prestar su declaración como testigo de descargo dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la acusada Claudia Liliana Rodríguez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas”, indica el documento.

El mandamiento fue publicado por la cuenta de Miguel Calderón en X  y muestra que la orden de aprehensión para Romero fue emitida por Moises Colque, presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Santa Cruz el 15 de abril de 2024.

Según Bolivia  Verifica, citando a una fuente jurídica, no se detendrá a la exautoridad y la misma podrá marcharse en libertad una vez que emita su declaración en el caso.

CASO OSTREICHER

En 2012, el director jurídico del Ministerio de Gobierno y otros cinco funcionarios fueron detenidos acusados de corrupción y extorsión al empresario estadounidense Jacob Ostreicher acusado por vínculos con el narcotráfico, al que supuestamente pidieron 50.000 dólares a cambio de su libertad.

En aquel entonces, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció en una conferencia de prensa que los funcionarios eran parte de una red de corrupción y extorsión investigada desde hace tres meses y con posibles vínculos con miembros del Poder Judicial.

Fue detenido también el exabogado del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas, quien se presentó voluntariamente en La Paz. Rodas dijo ser inocente y espera se le muestren las evidencias en su contra.

Jacob Ostreicher llegó a Bolivia  en 2010 para invertir en la producción de arroz, poco tiempo después (2011) fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas (blanqueo de capitales) y vínculos con narcotraficantes por lo que fue encerrado en prisión, en Palmasola para ser más preciso. En todo ese tiempo, las tierras para cultivo del arroz en las que invirtió el extranjero pasaron a manos de la ciudadana Claudia Liliana Rodríguez.

Tiempo después Ostreicher logró salir de prisión con detención domiciliaria y en ese tiempo el norteamericano escapó por Perú y logró llegar a Estados Unidos donde vive en Nueva York cuidando a sus padres que sobrevivieron al holocausto.

Ostreicher siempre negó sus posibles vínculos con el narcotráfico y, según una entrevista de El Deber, el empresario tiene la esperanza de volver a Bolivia  en alguna oportunidad para reclamar los bienes que perdió, valuados en uno 30 millones de dólares.

El nuevo embajador de Argentina en Bolivia, Marcelo Massoni, designado por Javier Milei, informó que el vecino país pagó la deuda que tenía con Bolivia por la compra de gas.

“La deuda que tenía Argentina respecto del gas fue saldada ya, hace unos 10 o 7 días, ese no es un problema”, indicó Massoni, a DTV.

La autoridad adelantó que Argentina continuará con la compra de gas boliviano por los próximos meses.

Argentina tenía una deuda con Bolivia, de 230 millones de dólares.

Personas con discapacidad de distintas regiones del país se movilizaron este martes en La Paz, en demanda de que se mejore las condiciones de subsistencia de su sector y se destituya a una autoridad gubernamental, a quien acusan de aprovecharse de ellas.

Los manifestantes piden que se incremente el bono de 250 a 300 bolivianos, porque afirman que el monto vigente no les alcanza.

La dirigente de Chuquisaca, Rossmery Quiroga, aclaró que este bono es para personas en situación de gravedad.

Después de que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, denunciara que Bolivia otorga pasaportes a ciudadanos iraníes, la Dirección de Migración del Estado Plurinacional negó ese hecho , y anunció que solicitará por conducto regular la aclaración respectiva al vecino país.

“Negamos la acusación de que se estarían otorgando pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes. (…) La Dirección General de Migración solicitará la aclaración del caso, respetando los conductos regulares que existen entre ambos países”, se lee en un comunicado emitido por la entidad estatal.

La Dirección General de Migración enfatizó en su comunicado que se “cuenta con estrictos procedimientos y altas medidas de seguridad para la otorgación y control en la emisión de los pasaportes corrientes, mismos que solamente son emitidos a ciudadanos bolivianos que cumplen con los requisitos establecidos por la ley”, además “que se cumple con la normativa de seguridad que establece OACI/ICAO para la otorgación de dichos documentos”.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, expresó este lunes su preocupación por un acuerdo firmado entre Bolivia e Irán – un memorando de entendimiento en materia de defensa- y afirmó que su país está en máxima alerta en la frontera con territorio boliviano.

La autoridad argentina incluso señaló que fruto de ese memorándum fuerzas combatientes iraníes, llamadas Quds, estarían en el país boliviano.

“Ese pacto permitió la presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, que son fuerzas combatientes e integran las ramas armadas de Irán, en el territorio”, dijo.

En ese sentido, señaló que su país también investiga si “hay personas que no hablan español y que tienen pasaporte boliviano”.

Además, el presentador argentino, Eduardo Feinmann, dijo en su programa “Alguien tiene que decirlo”, por Radio Mitre, que una fuente de la Casa Rosada le dijo que en “Bolivia hay gente iraní con pasaporte boliviano”.

Migración dio cuenta que entre las gestiones 2023 y 2024 se emitieron cerca de 210.000 pasaportes corrientes a ciudadanos bolivianos que cumplieron los requisitos para la otorgación de dicho documento de viaje, sin haberse otorgado ninguno a ciudadanos de otra nacionalidad”.

La investigación busca esclarecer la muerte de tres personas tras un operativo policial en la capital cruceña, ejecutado en 2009. El caso toma relevancia tras 15 años de ocurrido el hecho.

El Ministerio Público informó este lunes que se determinó conformar una comisión de fiscales especializados para el caso Hotel Las Américas, en el que se indaga presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas.

“El día de hoy (por lunes), el Fiscal Departamental de Santa Cruz ha dispuesto la conformación de una comisión de fiscales especializados, de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, para proseguir y continuar con todos los actos útiles y pertinentes que permitan el esclarecimiento de estos hechos y la imposición de las sanciones que correspondan”, indicó la fiscal Elizabeth Viveros.

El caso surgió por el asalto policial realizado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, donde fueron abatidos el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Arpad Magyarosi, acusados de terrorismo y separatismo.

El caso volvió a ser tratado en la opinión pública después de que los sobrevivientes del asalto, Elöd Tóásó y Mario Tadic, informaron el fin de semana que se realiza la investigación en Santa Cruz.

La fiscal Viveros, en conferencia de prensa aclaró que no se trata de un nuevo proceso, sino que se da seguimiento a una denuncia del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), reportó Iván Ramos de la Red ERBOL.

Según explicó la fiscal, en 2020 se emitió una resolución de rechazo en el caso, pero en marzo de 2023 se revocó esa decisión, con lo cual sigue adelante el proceso.

El caso fue denunciado por los sobrevivientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ya emitió un informe de fondo y se prevé que llegue a la Corte Interamericana, y el Estado podría ser condenado.

El húngaro Elöd Tóásó, uno de los sobrevivientes, anunció su intención de llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), toda vez que está harto de esperar un acuerdo con el Estado boliviano. Asegura que en esa instancia tiene 99.9% de posibilidades de ganar.

El Estado boliviano tenía hasta el 11 de abril para presentar un informe de cumplimiento de las recomendaciones, mientras que las víctimas tienen hasta el jueves próximo para responder.

Tóásó indicó que no han podido llegar a un acuerdo sobre el resarcimiento económico que debe pagar el Estado y otras medidas de reparación y, en ese contexto, considera que el Estado pretende “ganar tiempo”.

EXPRESIDENTE Luego de que se abrió una investigación por el caso Hotel Las Américas en 2009, el expresidente Evo Morales defendió sus acciones y aseveró que lo hizo “por la patria contra el separatismo. Señaló que si quieren meterlo preso, “que lo hagan”.

En abril de 2009, Morales, según ERBOL, reconoció haber instruido el operativo en Santa Cruz en el que la Policía irrumpió en el Hotel Las Américas y abatió al boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Arpad Magyarosi, por sospechas de terrorismo.

A través de redes sociales, Morales se pronunció adjuntando fotografías de Rózsa y Dwyer, entre otros, con armas de fuego.

“Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad, nuestra Patria ante la amenaza separatista, financiada por la oligarquía terrateniente, que lo hagan”, publicó el expresidente.

En criterio de Morales, “los agresores que querían dividir a Bolivia” pretenden aparecer como víctimas, Señaló que los mismo, además, son “premiados” con decenas de miles de hectáreas. 

Por su parte, el abogado Gary Prado, quien patrocinó a varios detenidos por el caso, indicó que hubo delitos por instrucción del expresidente Evo Morales y, por lo tanto, es el actor mediato, reportó Urgente.bo.

Asimismo, el abogado indicó que el hecho de que Evo Morales haya dicho que no asistirá a declarar sobre el caso es un “acto de soberbia y de prepotencia”, por ello, dijo que “si cree que es inocente, que lo demuestre”.

Expuso, además, que el operativo realizado en el Hotel Las Américas, hace 15 años, fue ilegal, ya que los presidentes no tienen facultad para ordenar allanamientos, sino los jueces. Sin embargo, indicó que tampoco hubo una orden de dicha instancia.

Los médicos y los miembros de la Comisión de Política Económica de la Cámara de Diputados llegaron anoche a un preacuerdo para conformar mesas de trabajo para la revisión del proyecto de modificación de la Ley de Pensiones, informaron el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte, y el diputado Omar Yujra.

Los trabajadores en salud, maestros urbanos, trabajadores universitarios rechazan, por separado, la “jubilación forzosa” a los 65 años y durante meses realizaron diferentes marchas y paros de actividades como muestra de protesta. Después de tres reuniones, llegamos a un preacuerdo en el que se tiene que tratar el proyecto de Ley 035, manifestaron desde el sector salud, tras concluir la reunión con los legisladores.

Iriarte señaló que acatarán un cuarto intermedio hasta el jueves, cuando el Consejo Nacional de Salud (Conasa) se reúna y se determine qué medidas se asumirán. Entre tanto, se suspende cualquier movilización.

Yujra señaló que las mesas técnicas se instalarían de manera inmediata con el fin de abordar los puntos más polémicos del proyecto de ley.

Los médicos explicaron que la primera condicionante del preacuerdo es que se levante el tratamiento del proyecto de Ley 035 en el plazo más breve posible.

“Se levanta y nosotros declaramos un cuarto intermedio a las medidas de presión, hasta que se dé el acuerdo final, de acuerdo a las mesas técnicas en las que se trabajará a detalle este proyecto de ley”, señaló el médico Rommel Pereira.

Los médicos rechazan la jubilación forzosa, que es una propuesta del Gobierno. “La posición es clara, estamos respaldados por una movilización fuerte, dura y no vamos a retroceder con el derecho del trabajador a tener una jubilación al 100 por ciento. (También pedimos) que el trabajador se jubile cuando él tenga condiciones de hacerlo y no como una imposición del Gobierno”, declaró el dirigente de las Federación de Sindicatos de Médicos y Ramas Afines (Sirmes), Fernando Romero.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Édgar Villegas, afirmó que su petición es una jubilación digna. “Nuestro lema es no a la jubilación forzosa, no estamos de acuerdo, pero sí a una jubilación libre, voluntaria y digna con el 100 por ciento”.

Por otro lado, el magisterio urbano realizó la conferencia nacional en la que determinó concentrar las protestas en la ciudad de La Paz desde el lunes 22, además de movilizaciones regionales en rechazo a la jubilación forzosa a los 65 años y en demanda de rentas con el 100 por ciento de salario. 

La propuesta

El proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas pasó a la Asamblea Legislativa para su tratamiento hace nueve meses. El proyecto cobró mayor relevancia luego de tres paros convocados por los médicos de 24, 48 y 72 horas.

El magisterio urbano y los trabajadores de las universidades públicas también protagonizaron movilizaciones. Los trabajadores en salud aclararon que sólo cuestionan la “jubilación forzosa” a los 65 años porque les significaría rentas bajas que no les permitiría subsistir.