El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, posesionó ayer a las nuevas autoridades que conforman el gabinete departamental.

Además anunció una profunda política de austeridad institucional marcada por la reducción de secretarías y la optimización de recursos económicos para fortalecer la inversión pública.

Loza  remarcó que la nueva gestión priorizará el trabajo eficiente, la transparencia y la reducción del gasto administrativo, según un reporte de prensa de la Gobernación.

“Queremos trabajo, transparencia y honestidad. No queremos burocracia, no queremos corrupción ni excusas; queremos servidores públicos comprometidos con Cochabamba”, manifestó.

En el marco de las medidas de austeridad, Loza informó la supresión de dos secretarías: Salud y Finanzas, con el objetivo de optimizar recursos.  La Secretaría de Salud pasará a funcionar como dirección, mientras que la Secretaría de Finanzas será reestructurada y dependerá de Planificación.

Loza adelantó que el lunes  presentará ante la Asamblea Legislativa Departamental un Proyecto de Ley de Austeridad, orientado a priorizar recursos para inversión. “No hemos venido a ganar plata; hemos venido a servir y trabajar por Cochabamba”, dijo.

Los nuevos secretarios que acompañarán la gestión de Loza  provienen de organizaciones sociales y son: José Antonio Gonzales Alvarado en Gobernabilidad, Horacio Villegas en Planificación, Deysi Caero en Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, Efraín Suárez en Minería, Hidrocarburos y Energía, Lucelia Gómez en Obras y Servicios y Oscar Céspedes en Medio Ambiente y Recursos Hídricos. 

El gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), René Quiroga, informó ayer que la basura de Cercado comenzó a ingresar ayer a la planta de Cotapachi, en el límite con Quillacollo y Colcapirhua, luego de que los vecinos de Albarrancho levantaron el bloqueo.

El gerente informó que el recojo domiciliario de basura  y la limpieza de la ciudad se restablecieron ayer gradualmente debido que se prioriza la limpieza de al menos 2 mil toneladas de residuos acumuladas después del cierre  del botadero de K’ara K’ara, el 30 de abril, y el bloqueo de Albarrancho.

“Estamos trabajando sin parar. Todo el trabajo de recojo domiciliario ya se ha iniciado con normalidad”, afirmó. Además, Quiroga explicó que EMSA se encarga únicamente de la recolección y transporte de residuos hasta Cotapachi, donde la empresa adjudicada (Cinva) debe realizar el tratamiento e industrialización.

El secretario de la Subcentral de Albarrancho, Emilio Medrano, señaló que la suspensión de las medidas se dio tras reuniones con la Alcaldía de Cercado con el fin de no afectar a la ciudad, aunque aclaró que persisten dudas sobre el impacto ambiental del proyecto.

Medrano advirtió que los vecinos demandan comprobar la existencia de una planta de tratamiento y no solo el uso de celdas de disposición de residuos, además de garantías para la actividad agrícola y lechera de la zona.

El presidente del Concejo Municipal de Cercado, Mauricio Noya, informó que la empresa adjudicada solicitó la licencia ambiental a la Gobernación en tres ocasiones, pero fue rechazada; situación que calificó como “política”.

Asimismo, anunció que el Concejo realizará tareas de fiscalización al proceso de recolección, rutas, funcionamiento de EMSA y ejecución del sistema de residuos, además de solicitar un informe completo sobre el proyecto. Señaló que el tema será tratado en sesión y que se pronunciarán una vez recibida toda la información.

Rechazo

El traslado de residuos ha generado rechazo en Quillacollo. El alcalde Luis Santa Cruz aseguró que su municipio no permitirá que residuos de Cercado sean procesados en predios de Cotapachi y calificó la decisión como “arbitraria”.

El concejal de Cercado, Julio Carvajal cuestionó la existencia de una planta de industrialización y aseguró que aún se observan celdas de disposición final.

En Colcapirhua, las organizaciones sociales se declararon en emergencia y convocaron a una marcha hacia la Gobernación de Cochabamba para exigir información técnica, ambiental y legal sobre el funcionamiento del proyecto y el uso de un predio en Cotapachi.

A ello se suma que el Ministerio de Defensa solicitó a la Gobernación un informe sobre las operaciones de la empresa Cinva en Cotapachi debido que este lugar se encuentra en proceso de saneamiento agrario a favor del Estado y cuenta con medidas precautorias del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). que restringen intervenciones mientras no se consolide el derecho propietario.

El Gobierno ejecutará dos medidas dos medidas orientadas a normalizar el flujo de divisas en el país. Primero, la devolución de depósitos en dólares retenidos en el sistema financiero y, segundo, la normalización del envío y recepción de remesas internacionales, anunciaron este lunes las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Ambas medidas, de acuerdo con el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, buscan fortalecer la confianza en el sistema financiero, facilitar las operaciones internacionales de la población y consolidar varias fuentes de ingresos de divisas para el país.

Devolución de depósitos

El presidente del BCB, David Iván Espinoza, informó que se ejecutará un programa para la devolución total de depósitos en dólares retenidos, alcanzando aproximadamente 933 millones de dólares correspondientes a personas naturales.

El ministro de Economía detalló que esa devolución se iniciará el 15 de julio y se realizará de manera escalonada, permitiendo a los ahorristas retirar sus recursos en las mismas condiciones en las que fueron depositados.

Esta medida forma parte de un plan más amplio que contempla la movilización de recursos por más de 2.000 millones de dólares.

“Significa que aquellos que quieran retirar sus depósitos en la manera que los han dejado, según el cronograma que se ha planteado, de 1.001 a 3.000 dólares a partir del 15 de julio, de 3.001 a 5.000 a partir de mediados de agosto y así sucesivamente, podrán hacerlo libremente en el plazo de un año”, informó el ministro de Economía.

Normalización de remesas

Por su parte, el director de la ASFI, Mario Walter Requena, anunció la normalización del envío y recepción de remesas a través del sistema financiero, utilizando el tipo de cambio referencial de compra. Esta medida busca normalizar las operaciones que fueron afectadas como producto de la crisis de divisa que afectó al país desde fines de 2022.

Con esta medida la población podrá recibir dinero del exterior directamente en el sistema bancario sin restricciones. Se podrán enviar remesas al extranjero de manera normal, segura y transparente y se eliminan los canales informales que provocaban costos adicionales y riesgos.

Las autoridades señalaron que Bolivia llegó a recibir cerca de 1.000 millones de dólares anuales en remesas, flujo que se vio afectado en los últimos años.

El ministro de Economía agregó que ambas decisiones forman parte de un plan integral de estabilización económica, orientado a normalizar las operaciones financieras, reintegrar a Bolivia al sistema financiero internacional, reducir la informalidad y brindar mayor seguridad a la población.

Un contingente policial desalojó del Ministerio de Trabajo a miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) que habían tomado esas instalaciones públicas horas antes.

Los policías ingresaron a las instalaciones haciendo uso de agentes químicos para despejar el lugar.

Al menos dos camionetas de la Policía llegaron a puertas del Ministerio de Trabajo para trasladar a los manifestantes que fueron sacados de esas instalaciones.

La Policía aún no brindó un informe oficial sobre la cantidad de personas que fueron trasladadas en las camionetas y si están en calidad de arrestadas o aprehendidas.

En medio del operativo, el ministro de Trabajo, Edgar Morales, abandonó las instalaciones públicas sin declarar a los medios de comunicación que estaban en el lugar.

Hasta las 14:45 de este miércoles, sectores afiliados a la COB continuaban tomando las instalaciones del Ministerio de Trabajo, exigiendo la renuncia del ministro Morales. El sector señala que ahora prefiere dialogar directamente con el presidente Rodrigo Paz para tratar sus demandas.

Antes de la toma, policías y marchistas de la COB se enfrentaron, lanzándose petardos y gases lacrimógenos en inmediaciones de la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz.

Desde el Comando Departamental de la Policía de La Paz informaron que utilizaron agentes químicos contra los movilizados, ya que estos estaban arrojando objetos y petardos contra los uniformados que resguardaban uno de los accesos a la plaza Murillo.

Por su parte, los fabriles indicaron que permanecerán en puertas del Ministerio de Trabajo hasta conseguir la renuncia del ministro Morales.

Entre tanto, la Policía reforzó la seguridad de estas instalaciones, donde en su interior se encontraban miembros de la COB realizando la toma.

“Estamos exigiendo la renuncia del ministro de Trabajo. Hemos pedido reuniones; tenemos compañeros dentro del ministerio, así como a los ejecutivos de la COB”, dijo un dirigente fabril.

La movilización convocada por la COB derivó este miércoles en una jornada de alta tensión en la ciudad de La Paz.

En pasados días, el Gobierno descartó un incremento salarial, uno de sus principales pedidos. Frente a ese escenario, la COB declaró un paro nacional indefinido.

Cochabamba enfrenta una creciente crisis en la gestión de residuos sólidos tras el cierre del botadero de K’ara K’ara, el 30 de abril, situación que ha derivado en la acumulación de basura en calles, conflictos intermunicipales y alertas sanitarias.

El nuevo gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), René Quiroga, señaló que la recolección continúa de manera progresiva y que en un plazo de dos días la ciudad podría estar limpia. “No se va a parar la limpieza, vamos a continuar trabajando”, aseguró. Dijo que los residuos son trasladados hacia Cotapachi, donde se prevé iniciar un proceso de clasificación e industrialización.

Sin embargo, esta medida ha generado rechazo en sectores sociales. Vecinos de Albarrancho y del municipio de Quillacollo han bloqueado rutas para impedir el paso de camiones recolectores.

El alcalde Manfred Reyes Villa sostuvo que la industrialización de la basura es una solución pendiente desde hace décadas. “Estamos resolviendo un problema de más de 20 años”, afirmó.

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, cuestionó que residuos de Cercado sean trasladados a otro municipio. Indicó que cada región debería encargarse de su propia basura y convocó al diálogo para evitar una escalada del conflicto. Asimimo tras una reunión ratificó que no se permitirá el ingreso de basura de Cercado a Quillacollo y anunció una inspección conjunta al botadero y a la planta de industrialización prevista para los próximos días.

La Alcaldía de Cochabamba informó que ha convocado al diálogo a los vecinos y representantes de distintos sectores con el objetivo de buscar consensos que permitan encarar la crisis de los residuos sólidos de manera coordinada. Mientras tanto, en distintos puntos de la ciudad, los vecinos denuncian contenedores colapsados, malos olores y proliferación de insectos y roedores, lo que incrementa los riesgos para la salud.

Salud

El responsable de la Unidad de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la UMSS, Yersin Mamani, advirtió que la acumulación de basura puede generar enfermedades gastrointestinales como diarreas y hepatitis así como afecciones respiratorias por la exposición a gases tóxicos. “Los lixiviados pueden contaminar alimentos y los vectores como moscas y ratas transportan bacterias y virus”, explicó.

Además, señaló que los grupos más vulnerables son niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base, quienes pueden presentar complicaciones graves. También alertó sobre el riesgo en centros de salud, donde la acumulación de residuos biológicos y puden ser focos de contaminación.

A nivel ambiental, los tiraderos ilegales representan un peligro adicional, ya que sustancias químicas de las baterías, electrodomésticos y residuos industriales pueden filtrarse en el suelo y afectar fuentes de agua.

La crisis refleja no solo un problema operativo, sino también la falta de coordinación entre municipios y la urgencia de implementar soluciones sostenibles.