El Gobierno ha enviado este martes ayuda humanitaria para el sur de Brasil, donde las inundaciones dejaron más de 150 fallecidos, además de daños a viviendas y la infraestructura productiva.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó que se trata de aproximadamente 70 toneladas de ayuda, cuyo monto en dinero alcanza a Bs 1.318.700.

“No es tanto la cantidad de la ayuda humanitaria, es más la muestra de un pueblo boliviano que cuando nuestro hermano pueblo del Brasil, o cuando también ha sucedido con el pueblo hermano de Chile o cuando suceda con cualquier otro pueblo hermano, es que estamos aquí juntos como pueblos de Sudamérica para cooperar”, destacó Novillo.

En la carga existen productos como arroz, azúcar, leche en polvo, aceite, agua, frijol, carpa de lona, tienda de campo, manta tipo solar, pañales desechables, colchones, entre otros.

La ayuda fue enviada en vuelo de carga de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), desde el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

El Ministro espera que la ayuda pueda llegar a toda la gente damnificada, que ha sufrido la situación de emergencia por las inundaciones en el sur de Brasil.

La Federación de Asociación de Municipios Bolivia (FAM-Bolivia) se declaró en estado de emergencia por el bloqueo de legisladores afines a Evo Morales y de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos a ocho créditos por 633.420.000 bolivianos, para financiar proyectos en beneficio a las regiones y la población, principalmente, del área rural.

El presidente de la FAM-Bolivia, Flavio Merlo, declaró que el sistema asociativo municipal está preocupado, porque en el Legislativo los sectores opositores tomaron la decisión de no viabilizar los créditos autorizados por organismos financieros internacionales.

“Estamos en estado de emergencia. Vamos a ir mandando lo que corresponde a la Asamblea para que puedan tratar y aprobar estos créditos que van en beneficio de nuestros Gobiernos municipales”, demandó el edil de Tiwanaku tras participar de un acto en el que el presidente Luis Arce viabilizó 293.374.000 bolivianos para 165 municipios de siete departamentos.

Consigna

Legisladores que responden a Morales y de las opositoras CC y Creemos advirtieron que no darán curso a más créditos, en tanto no se aprueben los proyectos de ley 073 y 075 en contra de la prórroga de mandato de las autoridades judiciales.

Precisamente, el jefe de la bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, indicó ayer que primero deben aprobarse ambos proyectos para luego recién analizar una agenda económica legislativa.

Instrucción

El ampliado del Pacto de Unidad “evista” instruyó el sábado a legisladores no aprobar más créditos, aunque Morales trató de desmarcarse y ayer dio la contraorden de “seguir aprobando (créditos) con fiscalización y control”.

Demanda

Merlo demandó a los legisladores “ponerse la camiseta” para trabajar por el bien de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, porque con estos créditos se generará inversión y movimiento económico en los municipios, donde se ejecutarán las obras.

Anticipó que activará los canales de “comunicación con los alcaldes, porque estos créditos son importantes” para fortalecer el aparato productivo.

De acuerdo con datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en las cámaras de Diputados y Senadores se encuentran estancados en su tratamiento créditos por 633.420.00 dólares.

El Senado tiene sin aprobar aproximadamente 250 millones de dólares en dos proyectos de ley y uno que fue rechazado; en tanto que en Diputados están cinco proyectos pendientes de aprobación por un monto de más de 383 millones de dólares.

El procurador general del Estado, César Siles, aseveró ayer que Evo Morales no puede ser candidato a la presidencia y que “no hay ninguna discusión al respecto”.

“Constitucionalmente hablando, sólo existe una reelección para presidente y no una reelección indefinida”, declaró a la prensa en Sucre, según reporte de Correo del Sur.

Las palabras de Siles llegan un día después de que presentara el análisis jurídico realizado por la Procuraduría en la que se concluye que la opinión consultiva de la Corte IDH y la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sentencian que la reelección indefinida no es un derecho humano.

En el análisis, la Procuraduría General del Estado (PGE) concluyó que la sentencia constitucional 1010/2023 del TCP “dejó sin efecto (superó)” la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 084/2017 con la que Morales se repostuló en las anuladas elecciones de 2019, a pesar de que un referendo rechazó la posibilidad de que aspire a un nuevo mandato por tercera vez consecutiva

Así lo establece el análisis jurídico especializado N° 04/2024, realizado por la PGE en respuesta a “cuatro peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y que fue presentado el lunes por Siles, junto con otras tres “opiniones procuraduriales especializadas”.

Defensas

Uno de los abogados de Morales, Orlando Ceballos, criticó que la Procuraduría emita dicho análisis jurídico, cuando considera que no está en su función. De todas maneras, informó que la defensa del expresidente está alistándose para acudir a organismos internacionales, en defensa del derecho a la postulación.

Precisó que se acudiría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar la sentencia.

El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, afirmó que el Gobierno garantiza el acceso a dólares para que el sector farmacéutico pueda importar directamente los medicamentos, con el objetivo de que estos sean comercializados a un precio justo.

“El Gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar el acceso a los insumos, especialmente al sector farmacéutico, con la finalidad de que no solo esté garantizado el abastecimiento a medicamentos, sino también los precios sean aquellos autorizados”, informó la autoridad en entrevista con Bolivia TV.

Asimismo, anunció que, en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed), reforzarán los controles en farmacias para fiscalizar el costo de los medicamentos y evitar su incremento.

Según Silva, el 85% de los medicamentos que se demandan en el país son producidos por laboratorios nacionales, por lo que se garantiza esa producción y en caso de que exista un incremento éste no llega “ni al 1% en la estructura de costos”.

En esa misma línea, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, reiteró que el abastecimiento de medicamentos en el país está garantizado y anunció que se llevarán a cabo controles en la comercialización para evitarel incremento de precios.

“Como Estado estamos tomando todas las medidas preventivas para que no exista ningún problema en ese sentido (desabastecimiento de medicamentos). Las empresas e industrias farmacéuticas bolivianas están proveyendo de medicamentos a todo el país”, dijo en contacto con ATB.

Explicó que, en la reunión que autoridades del Gobierno e industrias farmacéuticas sostuvieron el lunes, se acordó mejorar procedimientos, reducir la burocracia y de parte de las industrias farmacéuticas regionalizar las entregas para que puedan llegar a municipios que están fuera del eje central.

“Vamos a ir a hacer verificaciones y control a los precios (de los medicamentos) en el mercado abierto, para que no existan procesos especulativos o de incrementos desmedidos en los fármacos”, anunció.

Los controles en la comercialización de medicamentos serán efectuados por las instancias competentes, entre ellas el Viceministerio de Defensa del Consumidor y el Ministerio de Salud y Deportes.

La autoridad recordó también que, a través del Ministerio de Economía y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el Gobierno nacional instruyó a la banca priorizar las trasferencias y entrega de dólares a las industrias farmacéuticas para la compra de insumos.

Tras la sanción de la ASFI, bancos y casas de cambio, entre otros, tienen que regresar 7.9 millones de bolivianos a 9.200 usuarios.

Por no haber cumplido con la banda de tarifas estipulada para las transacciones y, sobre todo, en operaciones ligadas con los dólares, 22 instituciones del ámbito financiero fueron sancionadas por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI).

Así se conoció ayer, después de que el ente fiscalizador de la banca oficializara las multas de 20 millones de bolivianos y el inicio de los 22 procesos sancionatorios 

Según el desglose, ocho bancos múltiples, un banco pyme, cuatro casas de cambio, una empresa administradora de tarjetas de crédito, tres sociedades administradoras de fondos de inversión y una sociedad controladora son parte de los establecimientos que han incumplido.

En consecuencia, lo que sigue es que las instituciones infractoras están obligadas a devolver 7.9 millones de bolivianos a favor de alrededor de 9.200 clientes que se vieron perjudicados, puesto que pagaron de más en las operaciones que fueron observadas.

“Son más de 9.200 clientes afectados y se ha instruido que los montos cobrados en exceso sean restituidos a estos clientes”, informó Pedro Asturizaga, director de Estudios y Publicaciones de la ASFI.

El director de Normas de la ASFI, Amílcar Gonzales, explicó cuáles han sido las infracciones que cometieron las entidades multadas.

Esencialmente, son las siguientes: venta de dólares con el tipo de cambio superior al establecido por el Banco Central de  Bolivia (BCB) e incumplimiento del reglamento de tarifas y operaciones en dólares del extranjero a cuentas locales con tipo de cambio mayor al establecido, según lo citado por el portal Urgente.bo.

Gonzales también aclaro que los establecimientos cuentan con un tiempo perentorio para cumplir con el pago. Además, estos están conminados a restituir los dineros a los usuarios que se vieron perjudicados.

La noticia se conoce en medio de las protestas protagonizadas por diferentes sectores sociales debido a la circulación de la divisa estadounidense en Bolivia.

Horas antes de que se conociera sobre las multas a los entes financieros, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, había dicho que “hay dólares” en el mercado nacional, es decir, el número suficiente como para cubrir la demanda de la población. De todos modos, había criticado la forma de distribución efectuada por algunos bancos, por lo cual ya daba luces de posibles sanciones “drásticas”, algo que finalmente pasó.

“El Banco Central ya ha captado 59 millones de dólares. La banca tiene más de 465 millones de dólares. Y hay bancos que van a estar sancionados por no haber otorgado de forma prolija u oportuna estos recursos. Por lo tanto, es ahí donde se está generando este tipo de especulación. Vamos a ser muy drásticos a la hora de poner estas sanciones porque se está causando este tipo de problemas, pero no es que no haya dólares”, fueron las palabras de Montenegro.

En un comunicado advierte tentativas por generar inestabilidad en un ambiente politizado y preelectoral, que frena la aprobación de créditos externos por más de 600 millones de dólares en la Asamblea Legislativa.

Una especulación por parte de diversos actores económicos e intereses políticos que buscan generar inestabilidad económica, política y social confluyen en la persistencia de escasez de dólares, pese a que existen en la banca, comunicó el Ministerio de Economía.

Al cierre del mes de abril la banca registró 285 millones de dólares disponibles en físico y se tienen otros 158 millones de dólares en inversiones en el exterior, lo que suma 443 millones, informó.

“Pese a la existencia de dólares en la banca, existe especulación por parte de diversos actores económicos, además de los intereses políticos que buscan generar inestabilidad económica, política y social en el país”, advirtió Economía en un comunicado.

A este panorama se añadió “un ambiente politizado y preelectoral” que empezó en 2022 y se agudizó en 2023, lo que frena la aprobación de créditos externos por más de 600 millones de dólares en la Asamblea Legislativa, pese a la reducción de la deuda externa (26,9%) respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Otro problema detectado es que exportadores no ingresan a Bolivia todas las divisas logradas por la comercialización de sus productos en el exterior, “lo que mantiene el escenario especulativo”, a pesar de un acuerdo entre empresarios y Gobierno para hacer frente, justamente, al momento “transitorio de escasez de dólares”.

Entre los compromisos asumidos y cumplidos por el Gobierno está el establecimiento de una banda en el cobro de comisiones para las transferencias y giros al exterior de 5% al 10% en transacciones y giros al exterior en dólares y otras divisas.

También está la puesta en marcha de una nueva modalidad de devolución impositiva que permite acceder de manera inmediata y sin dilaciones a la devolución de impuestos a través del Certificado de Devolución Impositiva (Cedeim)

El Ministerio de Economía reiteró que Bolivia  no se encuentra en crisis económica, por el crecimiento de 3.1% en 2023 y una inflación controlada de 1.31% al 31 de abril.

En tres años y medio de gestión del presidente Luis Arce Catacora, al menos seis ministros fueron denunciados por corrupción, además de viceministros y otras autoridades jerárquicas como el actual presidente de la Cámara de Diputados. Hay una sola condena.

Se trata de denuncias que llegaron a estrados judiciales, otras al Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción y algunas quedaron en nada al ser rechazados por el Ministerio Público.

Para el analista político Franklin Pareja, se trata de un escenario de “corrupción descontrolada” en la administración pública. La impunidad —a juicio de Pareja— se normalizó y tampoco hay señales de cero tolerancia ni de una lucha real contra la corrupción.

Además, denota una ausencia de la institucionalidad y de la preeminencia del cuoteo sobre la meritocracia al momento de la elección de las autoridades nacionales.

No hay sanciones contra los acusados de corrupción porque el sistema judicial carece de independencia en relación al Ejecutivo. “Hay tantas denuncias desde los evistas que no pueden prosperar en las instancias competentes”.

Lamentó que ni la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pueda fiscalizar a las autoridades porque les restringieron estas atribuciones con un recurso constitucional. “No hay la instancia legisladora”, sostuvo.

Los casos

El último caso conocido es del presidente de la Cámara Baja, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Israel Huaytari, quien es acusado por el Ministerio Público por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Están involucrados su esposa y dos jefes policiales.

El caso se encuentra en la etapa investigativa, pero las cuentas bancarias de Huaytari fueron congeladas y sus bienes anotados preventivamente.

La investigación surgió a raíz de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que identificó un movimiento de 1,4 millones de bolivianos en 193 transacciones.

Medio Ambiente

Hace un año, saltó el escándalo en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua por presuntas coimas y negociados por al menos 2,7 millones de dólares por siete adjudicaciones que involucraban directamente al ministro de la cartera Juan Santos Cruz.

La denuncia en su contra fue formalizada por uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión y legitimación de ganancias ilícitas.

A la fecha, hay 16 personas imputadas entre exfuncionarios de Gobierno y familiares de Santos Cruz. Por el caso, el exministro guarda detención preventiva en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz junto a otros seis implicados.

El abogado de una de las partes, Abel Loma, informó que se espera la etapa de juicio para las próximas semanas.

Por el mismo caso, denominado “coimas”, el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, fue acusado y se encuentra con detención domiciliaria.

Minería

Cuatro meses antes, en enero de 2023, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) denunció al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, por el delito de incumplimiento de deberes por designaciones ilegales en la dirección ejecutiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Villavicencio designó de “manera irregular” a Brenda Lafuente, Carmen Nilza López y Erick Ariñez Bazán en cargos directivos sin que cumplan con los perfiles profesionales ni la experiencia específica en el área minera, como lo establece la norma.

El caso no avanza y sigue en investigación, señaló Manuel Morales, representante de Conade.

En abril de ese mismo año, el Magisterio Urbano de La Paz presentó una denuncia penal contra el ministro de Educación, Édgar Pary, debido a los textos escolares cuyas imágenes de portada habrían sido plagiadas. Asimismo, pidió que se incauten los libros en cuestión, para evitar un mayor daño económico al Estado.

La denuncia fue por los delitos contra la propiedad intelectual, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En enero de este año, el Ministerio Público rechazó la demanda.

El 31 de agosto de 2022, el diputado Héctor Arce (MAS) denunció en la Fiscalía General del Estado, en Sucre, a varios funcionarios de la Administradora Boliviana de

Carreteras (ABC), entre ellos su presidente, Henry Nina, por una presunta coima de 18,6 millones de bolivianos a una empresa china. El Gobierno deslindó de responsabilidades al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, y a Nina.

Un año antes, el 12 de noviembre de 2021, Adrián Quelca dejó sus funciones como ministro de Educación por denuncias de corrupción relacionada a la venta de exámenes para optar cargos. 

En este caso, Quelca fue sobreseído pese a la existencia de pruebas presentadas por la demandante, la entonces viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama.

Caso con sentencia

Uno de los primeros escándalos de corrupción estalló en abril de 2021. 

El entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, fue encontrado “in fraganti” cuando recibía 20 mil dólares como parte de soborno que ascendía a 380 mil dólares para dar vía libre al saneamiento, titulación y entrega de tierras en Santa Cruz. 

Tras un par de meses, se inició el juicio oral y un tribunal lo sentenció a ocho años de cárcel por corrupción. Es el único caso con condena.

Antes, Wilson Cáceres fue alejado del cargo de ministro de Desarrollo Rural y Tierra tras la denuncia de nepotismo en su contra. 

Arranca una semana conflictiva en el país, los gremiales y plataformas ciudadanas se movilizan hoy contra leyes que afectan la propiedad privada; y el transporte pesado ratificó el bloqueo de carreteras por falta de combustible y dólares.

Desde el Consejo de Defensa de la Propiedad Privada se anunció movilizaciones para hoy  en La Paz, en rechazo a los DS 4732 y 5139 y al proyecto de ley 145 porque esas normas afectan la propiedad privada, señaló su representante Agustín Zambrana.

Además de la convocatoria del Consejo de Defensa de la Propiedad Privada, se espera la participación de los gremiales así como del transporte pesado, que planea realizar además bloqueos en la carretera La Paz-Oruro y una caravana de protesta en la ciudad de Santa Cruz.

El secretario general de la Confederación de Gremiales, Cesar Gonzáles, confirmó que la movilización será en todo el país; en la ciudad de La Paz, por ejemplo, habrá una marcha que partirá del sector de la Cervecería Boliviana Nacional; y en Cochabamba  saldrá de  la intersección de la Esteban Arce y Totora.

Mencionó también el bloqueo de las instalaciones de la Aduana por el transporte pesado.

Otro de los sectores alineados a las protestas  de esta semana el del transporte pesado e internacional.

El transporte pesado confirmó el bloqueo de carreteras en dos departamentos, así como marchas en diferentes ciudades. Además, advirtieron que en caso de que el Gobierno no atienda sus demandas, pueden activar una protesta con medidas de presión indefinidas.

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, explicó que asumieron la medida de presión ante la falta de soluciones a sus demandas. “Esto ha generado entrar en movilizaciones por la falta de combustible y la falta de dólares, porque eso está haciendo que nos falte el trabajo a nosotros, principalmente en el tema internacional”, indicó a Unitel. 

Precisó que las medidas de presión se asumirán en varios departamentos, los cuales se movilizarán de diferentes maneras.

“La Paz, Oruro, ellos han decidido bloquear las carreteras desde las cero horas del lunes; en Potosí se va a hacer una marcha y también aquí en Santa Cruz no se descarta una marcha”, declaró.

El dirigente explicó que se trata de un bloqueo por 24 horas inicialmente, sin embargo, de no ser escuchados, se ampliará la medida de presión de forma escalonada, con bloqueos de carreteras a nivel nacional.

Los decretos cuestionados

Piden la abrogación del DS 5139, que es complementario al DS 5143, pues en su artículo segundo establece que el TGE le traspase 3.6 millones de bolivianos para la contratación de consultores en línea para el desarrollo informático, control de calidad, migración e implementación del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales. 

Además, rchazan la derogación del Decreto Supremo 4732 vigente hace dos años y referido a prevenir cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contrato de venta de bienes inmuebles.

Se suman los sectores que se movilizarán el lunes en todo el país en rechazo a cuatro normas y proyectos de ley relacionados con la propiedad privada y la incautación de mercadería; en tanto, desde el Gobierno calificaron las protestas de políticas y de carecer de fundamento.

Las protestas surgieron a raíz de la promulgación del Decreto Supremo (DS) 5143 sobre Derechos Reales, que, a pesar de ser abrogado, mantiene en vilo a distintos grupos de la sociedad.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, remarcó que la abrogación del DS 5143 fue para que la población tenga tranquilidad y las garantías ante amenazas de convulsiones en el país.

La norma ya tenía más de un mes de vigencia; “sin embargo, diversos actores políticos distorsionaron el objetivo de la normativa, causando zozobra en la población sobre un decreto que sólo apuntaba a modernizar el servicio, garantizar la propiedad privada, luchar contra la extorsión y la corrupción”, sostuvo Alcón.

El transporte internacional, los gremiales de El Alto, importadores y dueños de farmacias se sumarán a las marchas y bloqueos de vías, aseguró el secretario general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzáles.

Además, opositores, plataformas ciudadanas y organizaciones civiles se mantienen en estado de emergencia en defensa de la propiedad privada y aseguran que no es suficiente la abrogación del DS 5143. Aseguran que los decretos vigentes 5139 y 4732 ponen en riesgo la propiedad privada.

Reposición

Además, alertaron que la reposición de la Ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas con el proyecto de ley 524 que modifica el Código Tributario eliminan la “zona secundaria” para permitir la incautación de mercadería identificada como ilegal o de contrabando.

Otra norma observada es el DS 4732 que establece que todo contrato de compra o venta anticipada de un bien inmueble “deberá contar con la certificación de no contener cláusulas abusivas, misma que será emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor”.

Desde el Consejo Nacional de Defensa de la Propiedad Privada (Cndpp), su representante Agustín Zambrana confirmó el estado de emergencia y su participación en todas las movilizaciones. 

En Cochabamba

En la ciudad de Cochabamba, los movilizados marcharán desde la calle Esteban Arce y Totora. 

Las movilizaciones se realizarán en todas las ciudades del país. En Santa Cruz, por ejemplo, las marchas saldrán de los cuatro puntos cardinales y el transporte pesado bloqueará diferentes rutas y las instalaciones de la Aduana.

En La Paz, se prevé que la marcha partirá desde la Cervecería Boliviana Nacional hasta el centro.

Los gremiales de El Alto marcharán desde la zona del Polufuncional.

Para evaluar la cobertura del Censo 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) programó la encuesta de cobertura del 23 de mayo al 22 de junio de este año con un cuestionario electrónico en los nueve departamentos del país, según reporte de Oxígeno.bo.

“Estamos avanzando y culminando cada día más etapas e hitos importantes de nuestro Censo de Población y Vivienda. En este momento que nos encontramos en la etapa poscensal, estamos a punto de comenzar uno de los hitos más significativos de la misma, que es la encuesta de cobertura”, informó ayer el director del INE, Humberto Arandia, en conferencia de prensa.

Explicó que esta encuesta es un “método excelente” para evaluar la cobertura de personas y viviendas que participaron en el Censo 2024 y lo ideal es realizarla de uno a tres meses después del empadronamiento nacional.

Encuesta de cobertura

“Tomando en cuenta que el censo fue el 23 de marzo, para cumplir con rigurosidad los estándares internacionales, la encuesta de cobertura comenzará el 23 de mayo, dos meses después de la realización del censo”, indicó.

La encuesta se extenderá hasta el 22 de junio con el objetivo de medir y evaluar la cobertura del censo 2024, además de cuantificar y caracterizar los diferentes fenómenos acontecidos durante los días del empadronamiento.

“Mucho se habló en algún departamento de que las personas salían de la ciudad al campo, entonces esto se va a poder identificar claramente a través de esta encuesta de cobertura o encuesta poscensal”, precisó Arandia.