Arranca este martes el registro de los postulantes para las elecciones judiciales

A partir de mañana martes comienza el registro de postulantes para la preselección de candidatos a magistrados y consejeros del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según establece la convocatoria aprobada y publicada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Los interesados que cumplan con los requisitos especificados en la convocatoria deben presentar sus documentos en sobre cerrado en las oficinas de la Comisión Mixta respectiva, ubicadas en el antiguo hemiciclo de la Cámara de Senadores.

Esas oficinas estarán abiertas y atenderán al público durante 20 días calendario (hasta el 10 de marzo) de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:00; mientras que sábado, domingo y feriado, el horario de atención será de 08:00 a 12:00.

“Se registrará a todos los postulantes que, a horas 12:00 del domingo 10 de marzo, último día de presentación de postulaciones, se encuentren en instalaciones de las Comisiones Mixtas encargadas de los procesos de preselección”, precisa la convocatoria.

Vencido el plazo de 20 días y registradas todas las postulaciones, la Presidencia de la Comisión Mixta respectiva elaborará el Acta de Cierre del Libro en presencia de Notaría de fe Pública, señalando la cantidad de postulantes registrados.

La convocatoria exige el cumplimiento de seis requisitos comunes: contar con nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares, en el caso de los varones; no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento.

Además, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal; no contar con antecedentes de violencia en contra de una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada y, finalmente, estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral.

La convocatoria prevé 230 días para conocer a los nuevos magistrados y consejeros. Se estima que las elecciones judiciales se realicen en agosto o septiembre.

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Lluvias afectan a más de 11.500 familias y dejan 33 muertos desde noviembre

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este lunes que de noviembre a febrero, las lluvias afectaron a un total de 11.509 familias, además 446 viviendas terminaron totalmente destruidas y 33 personas murieron a consecuencia de las inundaciones. 

“Son 194 comunidades que han sufrido eventos. Estamos hablando de 6.247 familias afectadas, 5.262 familias damnificadas. En total son 11.509 familias. Tenemos 171 viviendas afectadas, 446 viviendas completamente destruidas y 33 personas fallecidas”, dijo Calvimontes en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.

Señaló que son ocho departamentos afectados, 63 municipios, 5 de ellos declarados en desastre.

Respecto a los muertos, en el departamento de La Paz se registraron 14; en Cochabamba, 6; en Santa Cruz, 4; en Potosí, 5, y en Chuquisaca, 4.

“Estos datos comparativos pueden catalogar la magnitud de los eventos que estamos sufriendo en esta oportunidad. Podemos decir que este periodo es mucho más crítico en relación con el periodo anterior”, resaltó el viceministro de Defensa Civil.

Calvimontes resaltó que, de forma paralela a las lluvias, algunas regiones del país están comenzando a sufrir afectaciones por heladas y granizadas en sus cultivos, según el reporte de ANF.

Dijo que los datos de esta gestión muestran un incremento respecto al periodo de lluvias de 2023.

Afirmó que el Gobierno movilizó equipos, ayuda y alimentos a las zonas afectadas.

 

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Evo alerta que “YPFB está en quiebra total” y plantea su reestructuración

Morales cree que no hubo ningún plan de previsión a pesar de que anteriormente, en reuniones privadas, advirtió al presidente Luis Arce sobre los riesgos por la disminución de la producción de gas.

El expresidente Evo Morales lanzó este domingo una preocupante voz de alerta al afirmar que la nacionalizada empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentra en una “quiebra total”, por lo que planteó aplicar un plan de profunda reestructuración.

“YPFB siempre aportaba dinero al gobierno nacional; ahora el gobierno nacional tiene que prestar dinero a YPFB. ¿Qué hacemos con YPFB? YPFB está en quiebra total, tiene que haber una reestructuración total en YPFB”, afirmó durante su programa dominical.

Estos comentarios surgieron a propósito del reciente problema de abastecimiento de hidrocarburos y supone que se debe a que YPFB no tiene fondos para comprar combustibles y debe recurrir a préstamos del Banco Central de Bolivia o al Ministerio de Economía para financiar la importación.

Morales cree que no hubo ningún plan de previsión a pesar de que anteriormente, en reuniones privadas, advirtió al presidente Luis Arce sobre los riesgos por la disminución de la producción de gas.

Recordó que cuando dejó el gobierno, la producción de gas era de 60 millones de metros cúbicos por día en 2019 y al regresar al país (en el 2020), descubrió que la producción había descendido a 48 millones de metros cúbicos por día. Dijo que hoy en día no se tienen datos, aunque estima que debe estar entre 37 y 38 millones de metros cúbicos por día.

En la línea de la crisis en el sector de hidrocarburos, otras fuentes cercanas al “evismo” cuestionaron desde el Trópico de Cochabamba, la decisión injustificada de YPFB Corporación de transferir mediante adjudicación directa la administración de la Planta de Urea y Amoniaco (PAU) a la subsidiaria YPFB Refinación para tareas de operación, mantenimiento y otros, triplicando los costos de años anteriores.

Según las cartas de adjudicación, para el período de abril de 2022 a diciembre de 2023, es decir, durante 20 meses, el servicio de mantenimiento, operación y otros tenía un costo de 572.629.440 millones de bolivianos. Ahora, para el período de febrero de 2024 a diciembre de 2026, es decir, 22 meses, el costo por el mismo servicio se elevó a 1.140.283.264 millones de bolivianos.

Hace pocos días, YPFB Corporación entregó a YPFB Refinación la gestión administrativa de la planta, obligando a los trabajadores antiguos a renunciar para ser recontratados con una reducida escala salarial o ser despedidos sin derecho a beneficios sociales, como es el caso de los extranjeros.

Denunciaron el inicio de un “matonaje gerencial” al infringir derechos laborales y ejercer coacción por parte del Analista de Talento Humano de la Gerencia de Servicios de YPFB-Refinación, Gerson A.P., quien anunció un proceso de evaluación al personal técnico especializado, tanto extranjero como boliviano.

Dijeron que nadie sabe cómo serán evaluados los técnicos, si YPFB Refinación no tiene ninguna experiencia en la operación de plantas petroquímicas. Esta actitud agresiva ha provocado la renuncia de personal extranjero que ha cuestionado la prisa por transferir la PAU a una subsidiaria inexperta, sabiendo que en marzo la planta tendrá un paro programado que durará al menos un mes.

La situación de los hidrocarburos ha motivado la preocupación del expresidente Morales, quien ha planteado este domingo la necesidad de que el presidente Luis Arce Catacora convoque a una cumbre nacional con actores públicos, privados y organizaciones sociales para debatir soluciones a corto, mediano y largo plazo no solamente para el tema de hidrocarburos sino políticas integrales en otros escenarios.

 

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INE alcanza 96% de voluntarios y tiene 80% de material para el Censo

Las cajas de material fueron enviadas a seis departamentos: Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó que alcanzaron el 96% de voluntarios y 80% en el armado de cajas para el Censo de Población y Vivienda 2024. Hay más de 675.000 censistas.

“Ya estamos en la recta final, estamos a 34 días para llegar al día D, del 23 de marzo del 2024, siempre cumpliendo el cronograma tal cual como lo hemos venido haciendo durante todos estos meses que hemos llevado adelante este proyecto censal”, informó Arandia.

Además, aseguró que en los siguientes días se alcanzará al 100% de la meta de reclutamiento de voluntarios requeridos, tomando en cuenta que faltan 60.456 personas a nivel nacional.

Sobre el armado y distribución de las cajas censales, el titular del INE indicó que se alcanzó un 80%, las que fueron enviadas a seis departamentos: Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba.

 “En los próximos 12 días estaremos terminando la totalidad del preparado de material censal previsto dentro del cronograma (…). A nivel nacional la próxima semana estaremos comenzando ya a distribuir a los municipios y luego a las comunidades”, agregó.

También informó que se capacitaron a más de 110.000 personas, tomando en cuenta que el INE puso a disposición 2.252 brigadas de capacitación, las cuales están desplazadas a nivel nacional.

“Vamos a tener listos los 700.000 voluntarios capacitados dos semanas antes de la realización del proceso censal del 23 de marzo (…), estamos llevando adelante un Censo de Población eficiente con cronograma apropiado, en cumplimiento a un estricto estándar interno e internacional, pero sobre todo con calidad”, añadió.

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Policía pide no comprar dólares por encima del cambio oficial fijado en Bs 6.96

Estas acciones surgieron en respuesta a la aparición reciente en redes sociales de presuntas ofertas de compra y venta de dólares a un tipo de cambio de Bs 8.60.

La Policía instó a no adquirir dólares estadounidenses por encima de la cotización oficial de 6.96 bolivianos, establecida por el Banco Central de Bolivia.

Mediante un comunicado oficial publicado en sus plataformas de redes sociales, la Policía informó que en las últimas semanas ha recibido varias denuncias relacionadas con especuladores que están vendiendo la moneda extranjera a precios excesivamente elevados, en respuesta a una demanda inusual para la compra de dólares.

Se advierte que incrementar el precio oficial del dólar constituye un delito conocido como “agio”, mientras que ocultar la divisa es considerado como “especulación”, ambos tipificados en el Código Penal del país.

Además, se hace hincapié en que obtener ganancias mediante la venta del dólar a precios inflados y de forma clandestina se considera ganancia ilícita, sancionable con penas de cárcel.

La Policía insta a la población a no caer víctima de estas prácticas delictivas y a evitar favorecer a los especuladores comprando dólares en el mercado paralelo.

Estas acciones surgieron en respuesta a la aparición reciente en redes sociales de presuntas ofertas de compra y venta de dólares a un tipo de cambio de 8.60 bolivianos, aparentemente en la ciudad de La Paz, mientras que en otras localidades se observaban ofertas de transferencias.

La creciente demanda de dólares también ha llevado al viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, a lanzar una iniciativa para reunir a varias instituciones, incluyendo ASFI, Asoban y la Policía Boliviana, con el fin de analizar estrategias para contrarrestar lo que el gobierno considera como “especulación” del dólar en el mercado paralelo.

 

 

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Evistas amenazan con retomar bloqueos luego de reunión del 23

El diputado del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy López adelantó que las organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales realizarán un ampliado el próximo 23 de febrero y podrían decidir reactivar sus protestas para exigir la renuncia o destitución de los magistrados prorrogados, según reporte de Oxígeno.bo.

“Algunos sectores y organizaciones han sido muy tolerantes, creo que dieron un cuarto intermedio (en sus protestas) y están en estado de emergencia. Ojalá algunos diputados (del “arcismo”) tomen en cuenta que el tema de los bloqueos y algunas movilizaciones que se van a dar serán por culpa de ellos. Yo creo que la decisión que se va a tomar dentro del ampliado, del 23 de este mes, va a ser muy importante”, afirmó López en una conferencia de prensa.

López advirtió que, en caso de reactivarse las protestas, no sólo sería por la renuncia de los magistrados, sino también por otras demandas, como la de los recursos naturales.

El dirigente intercultural del ala “evista” Juan Enrique Mamani responsabilizó a los legisladores del “arcismo” así como al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por los posibles nuevos bloqueos.

La sesión de la Cámara de Diputados aún no tiene fecha y hora para su reanudación.

 

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Prevén que las elecciones judiciales serán en agosto o septiembre

La fecha de las elecciones judiciales será entre agosto y septiembre de este año, según las previsiones de dos autoridades del Órgano Electoral.

El vocal Francisco Vargas dijo que la fecha será fijada con base en los plazos estipulados en la Ley 1549 de las elecciones judiciales que el presidente Luis Arce promulgó ayer.

Según la norma, el Legislativo deberá enviar al TSE en 80 días la lista de los postulantes preseleccionados para que participen en las elecciones judiciales. Luego hay 150 días de plazo para que el TSE realice los comicios.

Lea también: Presidente Arce promulga la Ley 144 transitoria para las elecciones judiciales

“La ley prevé un plazo hasta 150 días, sin embargo, en base a criterios técnicos vamos a asumir una postura institucional definiendo la fecha para la elección que podría darse entre el mes de agosto o el mes de septiembre”, señaló Vargas a la red Unitel.

Sin embargo, puntualizó que “esto va a ser una tarea que va a emanar de las consultas también que se puede hacer a todos los tribunales electorales departamentales, a nuestra Dirección Nacional de Procesos Electorales y a todas las instancias que son parte del Órgano Electoral”.

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe dio más detalles y afirmó que los 150 días de plazo que tiene el TSE podrían ser menos porque se tiene capacidad para realizar los comicios hasta en 90 días.

“Si hoy arrancamos, el día 80 es el 26 de abril y ese día se debería estar remitiendo la lista de los candidatos preseleccionados. Si fuera así, el próximo 22 de septiembre se realizarán las elecciones. Eso bajo la hipótesis de que hoy pudieran proceder a la convocatoria”, sostuvo el vocal Tahuichi en Red Uno.

 

 

 

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Gobernación de Santa Cruz acusa al INRA de Cochabamba de rebasar límites jurisdiccionales

La Gobernación de Santa Cruz acusó este martes al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) regional de Cochabamba de exceder sus competencias y adentrarse en el territorio cruceño para llevar a cabo procesos de saneamiento de tierras en áreas en disputa por límites departamentales.

Según el secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de Santa Cruz, Pablo Sauto, personal del INRA Cochabamba habría realizado acciones de saneamiento en zonas cercanas a puntos de conflicto, como Carahuasi, Locotal y Aguas Blancas, todos ubicados dentro del departamento de Santa Cruz.

Esta acusación ha generado tensión entre ambos departamentos, ya que la Gobernación de Santa Cruz responsabiliza al INRA por los posibles conflictos que puedan surgir entre las comunidades de ambas regiones.

Para resolver estos problemas limítrofes, se había llevado a cabo un proceso de conciliación administrativa entre Santa Cruz y Cochabamba, supervisado por la Dirección Departamental de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con las normas legales.

Sin embargo, este proceso no logró conciliar cuatro áreas o tramos, ubicados entre los municipios de Comarapa y Saipina, en la provincia Manuel María Caballero, y en Yapacaní, perteneciente a la provincia Ichilo.

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Cívicos de Beni instalan 9 puntos de bloqueo; Gobierno se reunirá con sus pares de Brasil

En demanda de la construcción de un puente internacional entre Bolivia y Brasil, el Comité Cívico del Beni instaló desde la madrugada de este martes nueve puntos de bloqueo en las principales carreteras de esa región. Entre tanto, el Gobierno anunció que se reunirá con las autoridades del vecino país este miércoles.

“Por eso es que hemos decidido no tocar la ciudad e instalar los bloqueos de carreteras como una forma de protesta. Tenemos cuatro puntos en Trinidad, mientras que en las provincias tenemos las vías bloqueadas hacia Mamoré, Itenez, Yacuma, San Ignacio de Moxos y en la provincia Ballivián”, informó el presidente Del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, a la ANF.

A las 02:00, aproximadamente, de este martes el vicecanciller Benjamín Blanco y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño lograron salir de la sede de los cívicos de Guayaramerín luego de que estuvieron retenidos varias horas por una vigilia que exige la construcción del puente binacional.

“El jueves estamos volviendo, la carretera se construye el puente porque así lo instruyó el presidente Luis arce. Las negociaciones con Brasil están avanzadas y entonces eso es lo que tenemos que esperar el día miércoles, en la reunión”, indicó Montaño tras salir de la sede de la entidad cívica.

La comisión de Gobierno llegó el lunes hasta Guayaramerín para dialogar con organizaciones sociales y pobladores sobre la construcción del puente binacional. Sin embargo, el encuentro fracasó porque no se llegó a un consenso y la población molesta se trasladó hasta la sede de los cívicos para protestar.

La exigencia de los cívicos es que Bolivia retire las observaciones al proyecto de Brasil para que se licite la obra, que tiene previsto iniciar las obras en los primeros meses de 2024. El Gobierno de Bolivia pidió la modificación del proyecto en dos aspectos: la altura de navegación vertical es de 16 a 19,5 metros y de 100 a 120 metros de forma horizontal,

En caso de que se modifique, el vecino país tendría que realizar un nuevo estudio que demorará entre dos y tres años, tiempo, que Beni no está dispuesto a esperar. El puente será financiado por el vecino país en un 100 por ciento, como parte del Tratado de Petrópolis de 1903.

Repliegue de campesinos

El ejecutivo de los campesinos de Guayaramerín, Eriberto Von-Dokren, indicó que ese sector no participará en las medidas de presión porque no cumplieron con la promesa que les hicieron: apoyarlos y no retener a las autoridades después de la reunión.

“Nosotros hemos levantado los puntos de bloqueo, todas las medidas de presión. Principalmente, no estamos de acuerdo con el vandalismo que se ha generado. No es que hayamos bajado las manos, vamos a estar en alerta hasta que se tenga una respuesta”, declaró.

El dirigente indicó que esperarán el informe de una reunión técnica, que sostendrán autoridades de Bolivia con sus similares de Brasil.

Al respecto, Aponte cuestionó que hayan tomado esa decisión y que solo estén velando sus intereses personales. Consideró que están en buscan la simpatía del Gobierno con el fin de obtener algún beneficio.

Están en todo su derecho, pero lo que llama la atención es que estratégicamente, ante la llegada del gobierno, ellos suspenden sus medidas de presión. Nosotros creemos que ellos tienen otras intensiones, pretenden truncar el desarrollo del departamento por intereses mezquinos”, manifestó.

 

Finalmente, el dirigente cívico advirtió que no levantarán las medidas de protesta hasta que exista un acta firmada, en el que el gobierno se compromete a viabilizar la construcción del puente internacional que se encuentra paralizado desde hace 20 años. Dijo que ese proyecto es una alternativa para el desarrollo de esa región.

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Sequía afecta a 206.811 familias y hay 48 municipios con declaratoria de desastre

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este martes que se reportó que la sequía afectó a seis departamentos y que 48 municipios están en emergencia ante la escasez del recurso hídrico.

La sequía continúa golpeando a una gran parte del territorio boliviano y hasta el momento las familias afectadas por este fenómeno suman 206.811.

 

“En La Paz (existen) 101.569 familias afectadas; en Cochabamba, 28.501; en Oruro, 25.549; y en Chuquisaca, 51.192. En total hacen 206.811 familias afectadas”, explicó el Ministro de Defensa.

Ente los departamentos que sufren por la sequía está La Paz, Santa Cruz, Potosí, Cochabamba Oruro y Chuquisaca, estos últimos tres ya declararon emergencia departamental.

Asimismo, señaló que 48 municipios ya se declararon en situación de desastre.

“Serían 1.512 comunidades afectadas; en familias afectadas tendríamos 206.811”, detalló Novillo.

Agregó que las hectáreas afectadas son 10.200 hectáreas, de las cuáles la mayoría están en La Paz y Cochabamba. Finalmente precisó que, por la falta de acceso al agua, un total del 131.372 cabezas de ganado están afectadas.

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